(OPI TdF) – El Jefe de Gabinete, Jorge Canals, ratificó el cronograma electoral y confirmó que el Ejecutivo vetará la derogación de la ley de reforma constitucional que sancionó la Legislatura provincial. El funcionario descartó la anulación de los comicios, advirtió sobre la inviabilidad técnica del nuevo sistema de goteo de fondos y expuso la profunda crisis financiera y política que atraviesa el distrito frente a la caída de los ingresos.
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Jorge Canals argumentó ante el medio Zoom a Diario que el Estado provincial carece de herramientas constitucionales para suspender la votación. “El proceso electoral está en marcha y no hay resortes institucionales ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo para poder suspenderlo”, aseguró el funcionario.
El Jefe de Gabinete detalló que la convocatoria ya generó efectos concretos en la población. “Hay un proceso constituyente que ya está en marcha, hay derechos que ya tienen los vecinos a ser elegidos y elegir”, agregó, y remarcó que las autoridades no pueden retrotraer la situación.
Sobre el recorrido judicial del texto original, Jorge Canals recordó que los tribunales evaluaron y validaron la normativa. Explicó que la justicia analizó todos los planteos durante un año y el Superior Tribunal de Justicia confirmó su constitucionalidad.
El funcionario calificó la derogación legislativa como una maniobra antijurídica. Añadió que la oposición utiliza la vía parlamentaria ante el revés que sufrieron en la justicia. “Vuelven por la vía legislativa, pero en una cuestión que es claramente inconstitucional”, sostuvo.
Jorge Canals precisó que los diputados carecen de facultades para tratar la norma como una ley ordinaria. “No es una norma simple que pueda derogarse con otra. Es una ley especial vinculada al poder constituyente”, señaló, e indicó que ningún sector tiene la potestad de interrumpir el proceso en curso.
El Gobierno de Tierra del Fuego tiene definida su respuesta institucional para bloquear la maniobra legislativa. “Vamos a hacer uso del veto, no porque nos guste o no, sino porque corresponde desde el punto de vista jurídico”, indicó el Jefe de Gabinete.
El equipo legal del Ejecutivo también estudia llevar el conflicto a los estrados provinciales. “Estamos evaluando si además del veto corresponde avanzar con alguna presentación judicial, pero la intención es poder resolverlo en el ámbito político”, detalló.
Respecto al plano financiero, Jorge Canals fustigó el mecanismo de distribución de fondos que aprobaron los legisladores. “Es inaplicable una herramienta como la del goteo diario”, puntualizó sobre la exigencia de girar dinero automáticamente a los municipios.
El Jefe de Gabinete alertó que el Estado demora al menos una semana en procesar qué recursos ingresan y cuáles resultan coparticipables. “Estarías enviando fondos sin saber si corresponden o no”, advirtió sobre el desorden administrativo que genera la medida.
Jorge Canals profundizó en las fallas técnicas del esquema y mencionó los conceptos en disputa. “Hay recursos que no son coparticipables, como adelantos de coparticipación o determinados impuestos”, sostuvo el funcionario provincial.
El mecanismo exigiría correcciones constantes y un trabajo contable adicional. “Tendrías que distribuirlos igual y después hacer ajustes mensuales, lo que genera un desorden total”, manifestó sobre la dinámica del goteo.
El funcionario vinculó esta puja distributiva con la fuerte caída de los ingresos provinciales. Detalló las cifras exactas del retroceso mes a mes. “En Enero ingresaron 101.000 millones de pesos, en Febrero 94.000 millones de pesos y en Marzo 86.000 millones de pesos”, enumeró.
Esta contracción financiera resintió la relación institucional con los intendentes. “Lo que hay para distribuir es cada vez menos, y eso genera tensiones entre los distintos actores. Cuando la torta se achica, todos quieren asegurarse su parte en menor tiempo”, explicó Jorge Canals.
El Jefe de Gabinete denunció intenciones políticas destructivas detrás de la exigencia de fondos. “Hay actores que buscan garantizar recursos para sus municipios, lo cual es lógico, pero también hay otros que tienen una intención clara de asfixiar al Ejecutivo provincial en una situación económica compleja”, afirmó.
La pelea por el dinero quebró el vínculo con el municipio de Ushuaia. “Hoy no hay diálogo político, las miradas son completamente diferentes y no hay un camino de convergencia”, reconoció el funcionario oficial.
Jorge Canals calificó el cambio de postura de los intendentes como diametral. Repudió que ciertos sectores políticos celebren normativas que ponen en riesgo el pago de salarios, la salud o la educación provincial. “Es muy difícil encontrar puntos de acuerdo”, lamentó.
A pesar de la fractura, el Jefe de Gabinete ratificó la necesidad de mantener el funcionamiento del Estado. “Es obligación del Ejecutivo sentarse a dialogar, entender las necesidades y tratar de ordenar el sistema en un contexto de crisis”, indicó.
El Ejecutivo intentará frenar la escalada judicial mediante negociaciones, aunque reconocen el límite de esa estrategia. “Vamos a trabajar en el diálogo político para encauzar esta situación, aunque sabemos que existe la posibilidad de que termine en la Justicia”, sostuvo Jorge Canals.
El funcionario cerró cualquier especulación sobre posibles demoras en el calendario electoral. “Nosotros seguimos trabajando con el juzgado electoral, con el cronograma y con todos los recursos necesarios”, afirmó.
Las autoridades mantienen firme la convocatoria a las urnas y la fecha estipulada originalmente. Jorge Canals concluyó que el 9 de agosto los fueguinos elegirán a los convencionales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)