Condena ejemplar por corrupción. Si se aplicara así en la Argentina no quedaría un solo político y funcionario de gobierno libre

(Por: Rubén Lasagno) – Todas las generalizaciones son malas, dicen algunos puristas de la lógica porque reducen la individualidad y fomenta el prejuicio, sin embargo, el punto está en la respuesta del sistema propiamente dicho a los delitos, por cuanto el problema no es la ausencia de corrupción (cuestión imposible de lograr en una sociedad) sino, en la capacidad y libertad de sus instituciones (justicia, auditorías, prensa) para investigar y castigar al poder.

En España el ex ministro español José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses de prisión por el Tribunal Supremo de España (nuestra CSJ) por haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante la primera parte de la pandemia de coronavirus.

Lo culpan de priorizar la compra de 13 millones de mascarillas que les ofrecía un representante de la empresa que habría pagado esas comisiones. Se le adjudican varios delitos, entre ellos los de organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada. La condena lo obliga a pasar al menos 16 años y medio en prisión.

Comparemos esto con “nuestra justicia”

En la Argentina en la pandemia se cometieron delitos de lesa humanidad, desde el “Vacunatorio VIP” que solo se cobró la separación de Ginés González García; la “Fiesta de Olivos” delito que se inscribió como “Violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia” (Art. 205); “Desobediencia a un funcionario público (Art. 239)” y “Abuso de autoridad (Art. 248)”.

El caso de la Fiesta de Olivos generó un fuerte rechazo social porque se resolvió mediante una reparación económica. Alberto Fernández y Fabiola Yáñez ofrecieron pagar una suma de dinero en concepto de “donación” a institutos médicos (como el Instituto Malbrán) para extinguir la acción penal, propuesta que fue aceptada por el fiscal Fernando Domínguez y homologada por el juez Lino Mirabelli, cerrando la causa sin condena de prisión ni antecedentes.

En el caso de la compra de las vacunas, se observa el contraste con el caso de España. Mientras que la justicia española logró probar el cobro de comisiones ilegales (retornos) en la compra de barbijos y le aplicó una condena de 24 años, en Argentina el blindaje institucional, la opacidad de los contratos y los tiempos judiciales junto a la complicidad político-judicial, hicieron que las denuncias por las compras de vacunas se diluyeran sin condenas por corrupción.

Peores delitos y condenas simbólicas

Como expusimos en los párrafos anteriores en Argentina por delitos muchísimos más graves y aberrantes contra la institución pública (corrupción), no hay condenas o las que aplican las leyes y los jueces argentinos, son irrisorias, llegan tarde, nunca llegan o sencillamente encubren a los responsables más expuestos casi siempre ligados a la función pública o a la política nacional y/o provincial.

Tenemos el caso paradigmático de la mayor ladrona de fondos públicos, Cristina Fernández, que junto a su marido ya fallecido, se embolsaron (literalmente) un país.

En la “causa Vialidad” los jueces abyectos que la juzgaron por impulso de fiscales con lo que hay que tener para enjuiciar a los corruptos, solo le aplicaron la mínima de 6 años, sin hacer lugar a la verdadera denominación de la delincuente pedida por la fiscalía: Jefa de una asociación ilícita razón por lo cual habían pedido 12 años. En su lugar, los jueces por unanimidad, descartaron esa imputación y le dieron unos pocos años por “Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Y como si eso fuera poco le ofrecieron todo tipo de facilidades, comodidades, la posibilidad de hacer política y vivir en su casa rodeada de militancia que pide su libertad, cuando una delincuente como ella que se robó un PBI y mandó a un país a la ruina, debería estar en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una condena ejemplar, la cual no se aplica gracias a un conjunto de jueces cagones y cómplices del establishment político nacional.

No nos alcanzarían 100 notas como esta para enumerar el nivel de injusticia que aplican jueces y Tribunales cómplices de la estructura mafiosa del poder en la Argentina, sin embargo, es bueno destacar que ningún país lógico y coherente se puede construir bajo la injusticia y la complicidad con la clase política criminal que desde el poder asola patrimonios, voluntades, trabajo, riquezas de un país y también destruye el sentido de pertenecía y la esperanza en un futuro mejor. Y esto vale para la provincia de Santa Cruz donde en 40 años no hay un solo funcionario o ex funcionario investigado (obviamente menos aún condenado) por corrupción.

Que haya corruptos es prácticamente inevitable, que no se los castigue es condenable. Lo del ex funcionario español es el ejemplo perfecto de cómo funciona un sistema de contrapesos. Demuestra que la justicia puede actuar sin importar el costo político para el gobierno de turno, cosa que en la argentina de nuestros días, no ocurre.

Los que alguna vez, hace muchos años, ingresamos a la carrera de Derecho que dejamos en pausa para siempre, leímos al jurista argentino Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley (1992) quien usaba el concepto de “anomia” para describir a “un país al margen de la ley”. En un país anómico, señalaba, el problema no es que falten leyes, sino que existe una tolerancia cultural e institucional a no cumplirlas. La ley se ve como una sugerencia o un obstáculo a sortear, no como un límite real.

A diferencia de un error judicial aislado, la impunidad sistémica como la nuestra ocurre cuando el diseño mismo del aparato judicial (sus tiempos, sus recursos, sus mecanismos de apelación) funciona en la práctica como un escudo para el poder. Los casos de corrupción en Argentina no suelen cerrarse con absoluciones que causen escándalo y pongan en juego la cabeza de jueces y fiscales, sino que prescriben, se dilatan por años o se estancan en laberintos procesales hasta que la sociedad se olvida.

El paradigma del vicio judicial

El caso del ex intendente Martín Insaurralde (FPV), Jésica Cirio y Sofía Clerici (conocido popularmente como el “Yategate”) encaja de manera perfecta estos conceptos que acabo de mencionar. De hecho, es un caso de estudio ideal (y tristemente real) para ilustrar cómo el sistema judicial argentino neutraliza la persecución de la corrupción frente a actores con un poder territorial gigantesco.

El paso de tres años sin detenidos, a pesar de la brutal evidencia pública  como las imágenes en el yate “Bandido” en Marbella, regalos de lujo como relojes Rolex y carteras de miles de dólares, patrimonios inexplicables y millonarios acuerdos de divorcio o propiedades, es el mecanismo central de lo que en los manuales de la criminalidad desde el poder se llama  “impunidad sistémica”.

En casos como este, la justicia no absuelve rápido porque el costo social sería altísimo. En su lugar, el sistema dilata la causa. Acá se escudaron en la necesidad de pedir “exhortos internacionales” a España o Uruguay, ordenaron peritajes contables infinitos y se enredaron en apelaciones interminables. El objetivo es que la indignación social se enfríe y la causa pase al olvido, esperando que eventualmente los delitos prescriban o queden en la nada por “vicios procesales“.

Por eso, es tan importante el papel de los medios de comunicación. En la actualidad, sin duda el caso Adorni fue la máxima expresión de cómo un caso de corrupción estatal ventilado al aire y en diarios 24/7 por la prensa, terminó con la salida obligada de este corrupto apañado por un presidente que nos vino a contar que traía el lápiz rojo contra la casta.

Sin embargo, con la aparición de los placares de Cirio llenos de dólares y la vuelta a las pantallas del caso “Insaurralde” dormido por 3 años por parte de la justicia cómplice, lo anterior no se diluyó pero en algunos aspectos la prensa lo sustituyó por la magnitud de la corrupción y los tiempos de inacción de la justicia.

La impunidad tiene caras y apellidos

En la actualidad, el juez a cargo de la causa principal contra Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, conocida como el “Yategate” es el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella y la investigación (que los acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos) es impulsada por el fiscal federal Sergio Mola.

Pero, a lo largo del proceso judicial que se inició a fines de 2023, la causa atravesó varios idas y vueltas con los magistrados de la jurisdicción de Lomas de Zamora.

El juez Federico Villena fue el primer juez sorteado. Sin embargo, se apartó rápidamente del caso (y fue recusado por el fiscal Mola) debido a sus vínculos previos y supuesta cercanía con Insaurralde, quien había tenido injerencia política en la jurisdicción.

El Dr Ernesto Kreplak como juez subrogante, tomó temporalmente el control del expediente en los primeros meses de la investigación. Su figura también generó controversia política, ya que es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires (y por ende, excompañero de gabinete de Insaurralde).

Finalmente la causa cayó en manos del juez  Luis Armella quien quedó como el juez natural y definitivo de la causa. Es quien recientemente (a mediados de 2026) rechazó el pedido del fiscal Mola para detener a los imputados, dictando en su lugar medidas restrictivas como la prohibición de salida del país, como máximo mecanismo de “castigo” a los malechores.

Martín Insaurralde no era solo un funcionario más, era una de las figuras políticas más pesadas de la Provincia de Buenos Aires, con una enorme influencia no solo en la política, sino dentro de los tribunales.

Durante años, tuvo injerencia directa en el nombramiento de jueces y fiscales (particularmente en los juzgados federales de Lomas de Zamora). Cuando la justicia tiene que investigar a quienes ayudaron a designar a esos mismos jueces o a quienes controlan resortes de poder en el Consejo de la Magistratura, la balanza de la justicia deja de ser ciega. Pasa en Santa Cruz, si queremos poner un ejemplo cercano.

El “ida y vuelta” constante de los expedientes responde a que nadie quiere ponerle la firma a la detención de un hombre que todavía conserva hilos de poder estructural.

Por eso es tan relevante el papel de los medios de comunicación, independientemente de qué lado político o ideológico jueguen sus actores. En el caso Adorni, los medios identificados de origen con el kirchnerismo, como Radio 10, C5N y muchas radios y canales opositores a Milei, fueron sumamente necesarios para ventilar lo que los medios abonados a la pauta del presidente, trataban de esconder.

Ahora, son los “medios antiK” que promueven la difusión, investigación y ventilan pruebas irrefutables de la injusticia nacional llamada “Insaurralde-Cirio-Clerici”.

En respuesta, los medios K ahora señalan que todo esto ha sido reflotado para tapar lo de Adorni y $LIBRA, lo cual no es cierto; lo que sucede ahora es un rebote público de la complicidad judicial que existe entre los jueces corruptos, los funcionarios o ex funcionarios corruptos y los medios corruptos, que tratan de ocultar la verdad del poder corrompido y abyecto disperso en todos los rincones de la política argentina. Bienvenido que ya ni los políticos ni los jueces puedan esconder su mugre para encadenarnos a los argentinos en sus propias corrupciones y delitos. (Agencia OPI Santa Cruz)