Las cuatro centrales sindicales concentran frente al Palacio de Hacienda tras denunciar la destrucción de 340.000 empleos registrados y el colapso financiero de seis millones de personas sometidas al crédito usurario de la banca.
La Confederación General del Trabajo, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marchan el 20 de agosto de 2026 hacia el Ministerio de Economía de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las conducciones gremiales formalizan una protesta unitaria contra el sobreendeudamiento y la morosidad que asfixia a casi seis millones de personas en el país.
El plan de acción unificado comenzó a ejecutarse en junio de 2026 frente al deterioro de los ingresos y la contracción de la actividad productiva. En la conferencia de prensa desarrollada el 18 de agosto de 2026 en la sede histórica de la central obrera en la calle Azopardo, las conducciones sindicales presentaron un documento técnico donde responsabilizan de forma directa al presidente Javier Milei por el esquema de ajuste fiscal.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, aseveró que las familias argentinas toman pasivos de corto plazo para costear alimentos, medicamentos, alquileres y tarifas públicas. El dirigente sindical acusó al ministro de Economía Luis Caputo de aplicar un esquema regresivo que congela los salarios y empuja a 6 millones de personas a tomar financiamiento con tasas excesivas en bancos y billeteras virtuales.
Por su parte, el cosecretario general cegetista Octavio Argüello remarcó que la pérdida del poder de compra alcanza tanto a los trabajadores en relación de dependencia como a los sectores que carecen de empleo registrado. Argüello detalló que la remuneración formal ya no permite cubrir los consumos de la canasta básica más allá de la primera quincena del mes, forzando a los asalariados a recurrir al endeudamiento para sostener la alimentación diaria.
La pérdida de puestos de trabajo y el reclamo de la CTA Autónoma
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, aportó indicadores sectoriales durante la presentación gremial al denunciar la pérdida de 340.000 puestos de trabajo formales y el cierre de 30.000 empresas en todo el territorio nacional. Godoy fundamentó que la política macroeconómica destruye la estructura productiva interna mientras favorece la especulación financiera en detrimento del empleo y los ingresos populares.
La secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Norma Morales, alertó sobre la situación que enfrentan los comedores y las redes comunitarias en los barrios populares. La referente social cuestionó las obligaciones financieras que asumen las mujeres en los distritos vulnerables para sostener la provisión de comida, definiendo la crisis crediticia como un problema estructural generado por la desatención del Poder Ejecutivo.
El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, planteó que la asfixia por deudas golpea simultáneamente a los hogares y al estrato de las pequeñas y medianas empresas. Baradel puntualizó que la movilización busca frenar la transferencia de recursos desde los sectores asalariados hacia el sector financiero y exigir una recomposición urgente de los haberes.
La movilización de las centrales sindicales sobre el Palacio de Hacienda en Hipólito Yrigoyen 250 profundiza el esquema de protestas escalonadas resuelto por los secretariados gremiales, mientras las conducciones evalúan la convocatoria formal a una medida de fuerza nacional para el mes de septiembre. (Agencia OPI Santa Cruz)