La mayor prestadora mundial de servicios hidrocarburíferos desestimó contratos en el archipiélago austral para resguardar sus operaciones en el territorio continental y cumplir con las exigencias del régimen de inversiones fijadas por la administración nacional.
La corporación estadounidense SLB, mayor proveedora global de servicios para yacimientos petroleros, notificó su renuncia expresa a prestar servicios o participar en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes. El presidente Javier Milei aceleró la determinación corporativa tras anunciar en cadena nacional desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instrumentación de penalidades severas contra las compañías que operen en el archipiélago sin aval estatal.
La comunicación formal de la multinacional, conocida bajo la razón social previa de Schlumberger, ingresó formalmente ante los despachos gubernamentales como respuesta al marco sancionatorio impuesto por el Estado. En la nota institucional, la firma de capitales norteamericanos ratificó que no posee vínculos contractuales vigentes, ni prevé intervenir en futuras licitaciones vinculadas con la prospección geológica o la explotación petrolífera en la cuenca austral bajo ocupación colonial británica.
El repliegue de la mayor contratista de servicios de pozo obedeció a las exigencias jurídicas tipificadas en el Decreto 868/26, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. El instrumento legal establece sanciones administrativas e inhabilitaciones inmediatas a las compañías involucradas en maniobras extractivas ilícitas dentro de los espacios marítimos argentinos, forzando a los proveedores del sector energético a definir sus prioridades comerciales en la región.
La regulación obliga a toda compañía petrolera que pretenda adjudicarse permisos exploratorios o concesiones de explotación en el territorio argentino a suscribir una declaración jurada de estricto cumplimiento normativo. Dicho documento vinculante constituye un requisito excluyente para acceder a las exenciones aduaneras, cambiarias y fiscales contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, marco de promoción donde la compañía estadounidense concentra sus negocios de mayor envergadura dentro de las cuencas productivas del país.
La dirección corporativa de SLB ponderó el impacto financiero directo que implicaría perder su habilitación como proveedora en el mercado argentino frente a la escala técnica requerida en el Atlántico Sur. El marco restrictivo del régimen legal vigente determinó que cualquier colaboración logística con plataformas británicas en aguas malvinenses derivaría en la inmediata caducidad de sus habilitaciones técnicas en el continente, clausurando su participación en las principales obras de fractura hidráulica y perforación profunda.
El bloqueo normativo paraliza los suministros para el proyecto Sea Lion
La directiva presidencial de Milei fijó como blanco prioritario la paralización del proyecto offshore Sea Lion, desarrollo hidrocarburífero emplazado al norte del archipiélago que carece de concesión otorgada por la Secretaría de Energía. El titular del Ejecutivo remarcó que el Estado nacional movilizará herramientas diplomáticas, comerciales, judiciales y regulatorias para bloquear el drenaje de los recursos energéticos soberanos, apuntando a desarticular la red logística externa que asiste a las concesiones británicas.
El repliegue de SLB priva a los operadores del proyecto Sea Lion del aprovisionamiento de herramientas de alta especificidad para la perforación en aguas profundas y la evaluación de reservorios submarinos. La ausencia de la contratista estadounidense estrecha el margen operativo de las empresas extranjeras en Malvinas, al impedirles contratar a la compañía que domina el mercado de perfilaje de pozos, tuberías de producción continua y monitoreo geológico submarino en el hemisferio occidental.
En consonancia con la disposición del Ejecutivo, la Oficina del Presidente informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto activó sumarios sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración ilegítima en la cuenca de Malvinas. La medida punitiva alcanza no solo a las corporaciones operadoras que dirigen la perforación en el área marítima, sino también a sus grupos accionistas y cadenas de proveedores de insumos industriales.
El avance de estos procedimientos sancionatorios encomendados a la Cancillería argentina consolida una política de bloqueo punitivo para aislar financieramente las iniciativas unilaterales británicas en el Atlántico Sur. Los expedientes administrativos abiertos contra las 45 entidades operadoras y sus filiales establecen antecedentes vinculantes que impedirán a los grupos inversores sancionados tramitar radicaciones comerciales, permisos de paso náutico o exenciones arancelarias dentro de la jurisdicción territorial de la República Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)