(OPI TdF) – En un movimiento contundente para neutralizar la creciente preocupación en las fuerzas de seguridad, el Gobierno de Tierra del Fuego desmintió categóricamente la existencia de un proyecto para modificar el régimen jubilatorio del personal policial. El viceministro Coordinador de Gabinete, Jorge Canals, calificó las versiones de “maniobras políticas” diseñadas para desestabilizar en pleno contexto de campaña electoral, asegurando que “no existe ni existirá ningún proyecto de este tipo” impulsado por el Ejecutivo provincial.
La operación de desinformación, que circuló en las últimas horas, detallaba supuestos cambios drásticos en el sistema previsional de la policía. Específicamente, el falso proyecto establecía una edad mínima de retiro de 55 años y la exigencia de 30 años de servicio exclusivos en la fuerza provincial, eliminando la posibilidad de computar aportes de otras jurisdicciones. Según la versión, los trámites iniciados antes del 1° de enero de 2025 quedarían a salvo bajo el régimen actual, un detalle que buscaba añadir verosimilitud al rumor.
Frente a esto, la respuesta del Gobierno no fue solo una negativa técnica, sino un claro señalamiento político. Canals atribuyó la difusión a “jugadas de algunos que quieren entorpecer los procesos electorales y generar un clima social adverso”. Al afirmar que “De ninguna manera el Gobierno de la provincia ha presentado ningún tipo de estas iniciativas”, el funcionario trazó una línea divisoria y lanzó una crítica velada hacia la gestión nacional al contrastar: “Este Gobierno provincial nunca cercenó derechos a los trabajadores como sí se está haciendo desde el Gobierno nacional”.
La estrategia del Ejecutivo incluyó un llamado a la verificación fáctica, instando a los trabajadores y a la comunidad a consultar directamente en la Legislatura Provincial para confirmar la inexistencia de cualquier expediente con dichas características. “No hay ningún proyecto elevado ni presentado por el Ejecutivo provincial, no existe en carpeta ni ha sido analizado, ni será analizado”, sentenció Canals, buscando cerrar definitivamente el debate y reafirmar el compromiso oficial con la protección de los derechos adquiridos del sector público fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
