El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, acordó los términos técnicos de la segunda revisión financiera con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. La firma de este memorándum en Washington destraba una transferencia de U$S 1.000 millones para engrosar el rojo contable del BCRA.
Durante las reuniones de primavera del organismo crediticio, los funcionarios de la administración central expusieron los números del ajuste. El comunicado del Fondo rotula este proceso bajo el eufemismo de “reformas estructurales”, maniobra que en la caja real de las provincias patagónicas y del resto del país se traduce como una poda automática de transferencias y obra pública.
El calendario de obligaciones empuja al equipo económico a rendir cuentas sobre el programa de facilidades extendidas rubricado en 2025. Según la documentación financiera del organismo, el pacto por U$S 20.000 millones exige el cumplimiento estricto de tres metas:
- Reducción sistemática del déficit fiscal primario.
- Eliminación de la emisión monetaria para asistir al Tesoro Nacional.
- Acumulación neta de dólares en las bóvedas de la autoridad monetaria.
Este último indicador expone el flanco más débil de la macroeconomía oficial. La auditoría previa constató la incapacidad del BCRA para retener las divisas provenientes de la liquidación de exportaciones frente a los inminentes compromisos internacionales.
Ante funcionarios del organismo y acreedores privados, Caputo exhibió un menú de instrumentos de deuda para patear los vencimientos en moneda extranjera. El cronograma estipula que el Gobierno central debe desembolsar los pagos correspondientes al crédito original de U$S 20.000 millones estructurado durante 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)