(Por: Rubén Lasagno) – (Informe II) – La lista de provincias incluidas en el Decreto 253/2026 no es casual, sino que representa el mapa exacto de la gobernabilidad que el presidente Javier Milei logró construir en el Congreso.
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Sin embargo, calificar el decreto únicamente como un “premio” a los gobernadores amigos o una simple contraprestación (obras por manos) requiere un análisis más profundo sobre lo que en realidad es un pacto pragmático donde la Nación se saca un gasto de encima y las provincias ganan una herramienta política (y económica) que necesitaban con desesperación.
Sin duda el decreto del Poder Ejecutivo nacional es el resultado de esa dinámica política donde los nueve gobernadores beneficiados por este decreto pertenecen, sin excepción, a los espacios que le garantizaron al oficialismo la sanción de sus leyes fundamentales (como la Ley Bases y el Paquete Fiscal) y la firma del Pacto de Mayo.
El resumen lo vamos a expresar en el siguiente cuadro donde expondremos la relación del gobierno nacional con cada uno de los gobernadores y el rol que cada uno tiene en el Congreso, que ha hecho tan selectiva la decisión de Mieli a la hora de decidir a qué provincia alcanza el decreto dejando afuera a todo el resto.
| Provincia | Gobernador | Fuerza Política | Rol frente a la Casa Rosada |
| Córdoba | Martín Llaryora | Peronismo disidente | Bisagra. Aportó votos clave a cambio de frenar retenciones al agro y reactivar obra pública. |
| Santa Fe | Maximiliano Pullaro | UCR (JxC) | Dialoguista. Negoció fuertemente por la agroindustria, pero terminó alineando a sus legisladores. |
| Mendoza | Alfredo Cornejo | UCR (JxC) | Aliado incondicional. Es uno de los principales defensores del modelo económico de Milei. |
| San Juan | Marcelo Orrego | JxC | Dialoguista orgánico. Apoyo total en el Senado a las iniciativas de desregulación. |
| San Luis | Claudio Poggi | JxC | Dialoguista orgánico. Alineamiento total para garantizar fondos a su provincia. |
| Corrientes | Gustavo Valdés | UCR (JxC) | Aliado cercano. Excelente sintonía con el Ejecutivo nacional. |
| Neuquén | Rolando Figueroa | Prov. (Comunidad) | Aliado estratégico. Negociador clave por el RIGI y las inversiones en Vaca Muerta. |
| Río Negro | Alberto Weretilneck | Prov. (JSRN) | Aliado estratégico. Sus votos en el Senado salvaron proyectos del oficialismo en momentos críticos. |
| Santa Cruz | Claudio Vidal | Prov. (SER) | Aliado condicionado. Negoció su apoyo a cambio de auxilio financiero y control local de recursos. |
El resultado final y claro es una contraprestación directa pero no es el tradicional esquema de “te doy votos por transferencias discrecionales de dinero” que se veía en gestiones anteriores, porque el gobierno de Milei cortó de cuajo la obra pública nacional bajo la premisa del “déficit cero“.
Con la Nación retirada de la obra pública, las rutas nacionales (vitales para sacar la cosecha en Santa Fe y Córdoba, el petróleo en Neuquén y Santa Cruz, o la minería en San Juan y Santa Cruz) comenzaron a colapsar, como lo hemos advertido en otro informes anteriores. Hoy el costo político de los accidentes y la logística frenada lo estaban pagando los gobernadores, por eso (entre otras cosas)se pactó esta solución.
A cambio del apoyo legislativo para darle a Milei sus herramientas de gobierno (Ley Bases y muchos proyectos más), los mandatarios exigieron que, si Nación no iba a arreglar las rutas, les cediera el control para que ellos pudieran licitarlas, concesionarlas y buscar financiamiento privado, por lo cual este Decreto es el resultado de ese toma y daca y le sirve a ambas partes, aunque conlleva muchos riesgos para los gobernadores y de alguna manera es una victoria ideológica y fiscal para el presidente libertario.
Se lo saca de encima
Con esta medida, Milei avanza en su plan de privatización y descentralización de la infraestructura, se desliga de la responsabilidad del mantenimiento vial de casi todo el interior productivo y no gasta un peso del tesoro nacional; además, fideliza a sus aliados.
Los gobernadores ganan “poder de fuego” local, pero también mayores responsabilidades. Todas las provincias afines y especialmente Santa Cruz, tienen la potestad de armar licitaciones a 30 años, lo que se traduce en caja, control de la logística y capacidad de dar negocios a empresas constructoras locales.
El riesgo es que también absorben el costo político antipático, pues serán ellos y no Milei, quienes deban anunciarles a sus ciudadanos que ahora tendrán que pagar peajes (probablemente caros) para transitar por rutas que antes eran libres, en un contexto de bolsillos ya golpeados.
En resumen, el decreto es la materialización jurídica de la alianza entre el Ejecutivo Nacional y el “bloque dialoguista” de gobernadores y destruye el argumento de los legisladores santacruceños del SER, que dicen actuar como “opositores” en el Congreso.
Este Decreto activa y desnuda un mecanismo donde Milei recompensa la gobernabilidad permitiendo que estos gobernadores armen su propio esquema de obra pública y negocios viales en sus territorios, siempre y cuando no le cueste dinero al Estado Nacional.
Santa Cruz ¿Puede?
Un tema que quiero analizar separado del universo de empresas que contrata el gobierno provincial, es la SAU a la cual el gobernador Vidal le ha dado un papel (y un presupuesto) preponderante en las inversiones con capitales del estado santacruceño.
Desde el punto de vista jurídico y político, es absolutamente factible que el gobierno provincial le otorgue la licitación del peaje de rutas a la empresa Santa Cruz Puede SAU, a cargo de su amigo Sívori. De hecho, la estructura de Santa Cruz Puede S.A.U. parece ser el vehículo ideal para absorber este nuevo esquema de negocios, combinando el discurso de la soberanía estatal con la opacidad del sector privado.
Al cruzar el texto del decreto nacional con la naturaleza jurídica de la megaempresa creada por Claudio Vidal, para saber las posibilidades de que esto ocurra, el mecanismo encaja a la perfección y encontramos que el Decreto Nacional 253/2026 establece expresamente que las provincias podrán adjudicar las concesiones a “empresas privadas, mixtas o entes públicos”.
Santa Cruz Puede SAU, al ser una Sociedad Anónima Unipersonal (cuyo único accionista es el Estado provincial), cumple con este requisito. Esto le permitiría al Ejecutivo provincial otorgarle la concesión de las rutas de manera directa, bajo el argumento político de que “la recaudación y el trabajo quedan en manos de los santacruceños“, evitando así una licitación pública que obligue a competir con gigantes viales nacionales o internacionales.
Elusión de controles
Aunque Santa Cruz Puede es del Estado, su formato jurídico (S.A.U.) hace que se rija por el derecho privado (Ley de Sociedades Comerciales) y no por la Ley de Obras Públicas ni el régimen general de contrataciones de la provincia. Esto significa que la empresa no está obligada a realizar licitaciones públicas tradicionales y abiertas para comprar insumos, contratar maquinaria o reparar el asfalto; es un verdadero bay pass administrativo. Sus movimientos financieros y contratos comerciales escapan a los controles preventivos y burocráticos del Tribunal de Cuentas.
Actualmente, la empresa que preside Gustavo Sívori está enfocada en producción a menor escala (carpintería, alimentos balanceados, ataúdes). No tiene el know-how, la maquinaria pesada, ni el personal técnico para mantener la Ruta 3 o la Ruta 40 por los próximos 30 años. Si lo hiciera, sería un verdadera tomada de pelo del gobernador que opera hoy desde el predio de la ex Austral Construcciones.
Por lo tanto, el modelo de negocios no sería que Santa Cruz Puede arregle las rutas (a menos que reediten a Austral Construcciones, ya que están en su predio), sino que funcione como una gran intermediaria financiera, absorbiendo el flujo de caja diario e inagotable que generan las cabinas de peaje y subcontratando a empresas privadas para que realicen los trabajos reales de bacheo, repavimentación y mantenimiento.
Si el gobernador Vidal le entrega los peajes a Santa Cruz Puede S.A.U., crearía una caja recaudadora perfecta y blindada contra pedidos de acceso a la información pública.
Los fondos recaudados entrarían a las cuentas privadas de la S.A.U., desde donde podrían direccionarse, mediante contrataciones directas y sin escrutinio público, hacia ese mismo núcleo de “empresas amigas” y contratistas afines que históricamente han monopolizado la obra pública en la provincia.
Si lo que analizo aquí, ocurre, la corrupción tendrá nombre, apellido, estará asegurada y otra vez la obra pública, será la matriz de la neocorrupción.
Conocidos y cuestionados
Realizando una búsqueda en nuestro archivo y cruzando información pública, resoluciones del Boletín Oficial, expedientes del IDUV e investigaciones que hemos realizado en los últimos años, nos revela que, lejos de haber una depuración del registro de contratistas, la gestión de Claudio Vidal ha mantenido, e incluso consolidado, vínculos con empresas de historial cuestionado o ligadas a la gestión de Alicia Kirchner.
Analizamos el periodo 2024-2026 y allí se muestra un patrón claro que es el uso de nuevas figuras societarias (como las S.A.S.) y el reciclaje de actores conocidos, para conformar núcleos económicos que sigue quedándose con capitales y fondos cuyo destino final, nadie conoce y tampoco nadie audita.
Hicimos un pequeño recordatorio de las principales empresas identificadas que marcan el pulso de la obra pública en esta gestión provincial y encontramos por ejemplo constructoras como Sustento S.A. (ex Mata Negra) la cual se ha posicionado rápidamente como un actor central y simboliza la nueva cartelización de la obra pública en la provincia, como lo hemos apuntado en investigaciones que hicimos en el 2024 en OPI.
En esos informes la hemos señalado como la “nueva Austral Construcciones“. Lo más revelador de esta empresa es que opera como un puente de negocios: gana licitaciones y monopoliza servicios tanto bajo el paraguas de la municipalidad de Río Gallegos (gestionada por Pablo Grasso) como del gobierno provincial de Claudio Vidal. Esto demuestra que, en la caja de la obra pública, las diferencias políticas discursivas desaparecen para favorecer a los contratistas “amigos” comunes.
Otra de las constructoras es Pirámide Construcciones S.A.S. la evidencia documental de la continuidad de empresas ligadas al kirchnerismo operando bajo la actual administración.
Mediante la Resolución N° 041 (Expediente 62.967/2024), de acuerdo a nuestro archivo, el IDUV le otorgó a principios de 2025 la Licitación Pública N° 10/IDUV/2024 para construir el Gimnasio Secundario N°15 “Carlos Moyano” en Los Antiguos. La obra se adjudicó por $1.915.578.880,80. Consta en nuestros informes que el gobierno provincial le entregó este contrato multimillonario a pesar de que la empresa tiene antecedentes políticos y judiciales vinculados a la matriz de negocios de la gestión anterior, confirmando que no existió una exclusión real por falta de transparencia.
RTS Ingenierías S.A.S. es otra empresa que obtuvo nuevas adjudicaciones directas bajo el plan de reactivación del IDUV lanzado este año.
El archivo la muestra como ganadora de la Licitación Pública N°14/IDUV/2025 para la construcción de 20 nuevas viviendas en las manzanas 170 y 171 de Los Antiguos, cuyos trabajos iniciaron formalmente en enero de 2026. El IDUV sigue siendo el embudo principal por donde el Ejecutivo direcciona los fondos hacia empresas constructoras de rápida conformación, manteniendo la misma opacidad en los pliegos que caracterizó a la gestión de Alicia Kirchner.
La UTE de las Represas (Eling S.A. – Gezhouba – Hidrocuyo) si bien es una megaobra de origen nacional, el escenario cambió radicalmente a principios de 2026.
En marzo de 2026, mediante la Adenda N°12, el gobierno de Santa Cruz pasó a tener un rol activo en la reanudación de las obras de la represa La Barrancosa, habilitada por los decretos de desregulación de Javier Milei.Vidal es ahora garante y articulador directo de un consorcio donde opera Electroingeniería (Eling S.A.), una de las empresas emblema de los sobreprecios y el financiamiento político de las últimas dos décadas.
En definitiva la matriz no se desarmó; se adaptó. La gestión actual utiliza exactamente los mismos resortes administrativos (licitaciones dirigidas desde el IDUV y contratos de vialidad) para sostener a un grupo reducido de contratistas. Lejos de imponer la transparencia prometida en campaña, el sistema actual de Santa Cruz, implementado por el gobierno que prometió cambiar la matriz, protege a empresas que arrastran pasivos éticos y judiciales, garantizándoles flujo de caja estatal continuo.
El nuevo paradigma donde todo se encarecerá
Históricamente, el poder de los gobernadores dependía de su capacidad de lobby en Buenos Aires para conseguir fondos de Vialidad Nacional. Este decreto rompe esa dependencia. Al habilitar el peaje (y potencialmente canalizarlo a través de figuras jurídicas privadas como una S.A.U.), el Ejecutivo provincial se garantiza una recaudación diaria, millonaria y, lo más grave, exenta de los controles burocráticos tradicionales. Es dinero en efectivo, constante y de libre disponibilidad indirecta.
Tener el control de concesiones a 30 años le permite al gobernador actual convertirse en el único árbitro de la obra pública vial. Ya no necesitará pelear licitaciones nacionales; puede diseñar su propio esquema de ganadores y perdedores.
Esto significa que tiene el poder formal para sostener, engordar y fidelizar a un nuevo grupo de empresas constructoras y de servicios afines (o reciclar a las de la gestión anterior, como vimos con Pirámide o Sustento), asegurándoles rentabilidad garantizada por tres décadas.
El Estado Nacional se retira sin costo, pero las rutas igual deben pagarse. El modelo traslada el costo del mantenimiento vial, que antes se cubría con impuestos nacionales, directamente al bolsillo del usuario santacruceño y sobre todo, a la matriz productiva. El encarecimiento del transporte impactará directamente en la logística del petróleo, la minería y el abastecimiento de los pueblos del interior, sumando un “costo Santa Cruz” adicional a la ya cara vida patagónica.
El relato oficial presentará esta medida como un triunfo del federalismo y la soberanía provincial para “rescatar” rutas abandonadas, sin embargo, la realidad institucional de Santa Cruz advierte que se está montando una matriz de privatización de la recaudación sin mecanismos de transparencia extremos, el manejo de las rutas será la llave maestra para financiar el proyecto político y empresarial del gobierno de turno, pagado directamente por cada vehículo que transite la provincia.
Gran parte de que todo esto el gobierno lo pueda llevar a cabo (o no), estará en manos de la oposición política provincial y de la justicia que, hasta ahora, no ha encontrado ni una mácula en la administración del gobierno petrolero ni de los 40 años anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)
Seguro que gana Varela la concesión del peaje