(Por: Rubén Lasagno) – Apareció un documento sobre la declaración del estado de alerta por parte de los gremios mineros AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP en el yacimiento Cerro Negro (Newmont) que objetivamente representa un ejemplo clásico de la dinámica sindical-empresarial que OPI Santa Cruz viene denunciando y analizando desde hace más de una década.
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Si analizamos este comunicado bajo la lupa de la “doble moral” sindical, el texto deja de ser un simple reclamo laboral y se convierte en una radiografía de la conveniencia política y corporativa.
El comunicado cierra con la frase rimbombante “La seguridad de los trabajadores no se negocia”, sin embargo, la historia en los yacimientos santacruceños demuestra exactamente lo contrario: la seguridad sí se negocia y suele ser lo primero que se entrega cuando hay paz corporativa.
Como bien hemos señalado hasta el cansancio en OPI Santa Cruz, cuando los proyectos mineros se inauguran o las relaciones entre las multinacionales, el gobierno de turno y las cúpulas sindicales son “normales”, el escenario es “color de rosa”. En esas épocas de bonanza o de acuerdos de cúpula, los gremios hacen la vista gorda ante la falta de inversión en seguridad, la flexibilización de los controles estatales y los pasivos ambientales. Las quejas sobre seguridad solo “explotan” de manera reactiva: o bien cuando ocurre una tragedia inocultable (como las recientes muertes en Cerro Negro), o cuando los sindicatos necesitan presionar a la empresa por otros intereses (paritarias, encuadramientos sindicales, o cuotas de poder).
El “Compre local” y la “Mano de obra local”
El reclamo principal de este comunicado es el incumplimiento del “90% de contratación de mano de obra santacruceña”. Este es, quizás, el punto más hipócrita del reclamo si se mira en retrospectiva.
Durante años, OPI Santa Cruz ha documentado cómo las leyes de empleo local (como la famosa Ley 70/30 y la 90/10) fueron sistemáticamente violadas por empresas como Newmont, Goldcorp, o Patagonia Gold, que traen contingentes enteros de trabajadores desde provincias del norte (Jujuy, Salta, Catamarca) o países limítrofes, porque les resulta más barato o manejan regímenes laborales más flexibles.
¿Dónde estaban AOMA, UOCRA o Camioneros mientras las mineras llenaban los campamentos con trabajadores foráneos desde hace años y en absolutamente todos los proyectos mineros en la provincia?. Mantenían un silencio cómplice.
Los gremios permitieron que este engaño se consolidara durante años. Hoy, levantar la bandera de la “mano de obra santacruceña” frente al gobernador Claudio Vidal, quien irónicamente viene del riñón sindical petrolero y conoce estas tácticas de memoria, no es un despertar patriótico, sino una herramienta de apriete corporativo porque algún cortocircuito interno (probablemente recortes de la empresa, cambios de contratistas que afectan a los gremios, o pérdida de privilegios) los está afectando directamente.
El documento exige “mayores controles sobre las contratistas” y “responsables con capacidad de decisión“. Este punto revela otra verdad a voces: el modelo de tercerización en la minería se armó con la anuencia de estos mismos sindicatos.
Las multinacionales usan a las contratistas como fusibles para abaratar costos y diluir responsabilidades en caso de accidentes o despidos. Los gremios toleran este sistema de precarización encubierta todo el año por lo tanto cuando piden que “Newmont ponga a alguien que decida“, en realidad están diciendo: “nuestros intermediarios habituales ya no nos están garantizando nuestros beneficios, queremos negociar con la cabeza”.
El triángulo Sindicatos – Empresa – Gobierno (de manual)
El análisis de la situación global, me demuestra que los sindicatos en Santa Cruz actúan como socios en las ganancias y como opositores solo en las crisis. Existe un mecanismo que se repite sin solución de contibuidad
En la fase de exploración e inicio, todo es progreso, promesas, casi pintan un paraíso terrenal con el desarrollo minero. No hay marchas ambientales, AOMA aplaude las inversiones y la UOCRA mete a su gente en la construcción. Es “el mecanismo estándar” en búsqueda de la “licencia social” donde todas las partes son cómplices.
En la fase de explotación normal se consolidan los acuerdos y allí empieza a surgir la verdad. La empresa incumple el compre local, el gobierno mira para otro lado con los controles ambientales y laborales y los líderes sindicales mantienen la paz social a cambio de “mantener sus cajas” (cuotas sindicales, obras sociales, monopolio de transporte de personal, etc.).
En este escenario se repite el modelo pues cuando la multinacional (sea ésta u otra) ajusta números, despide gente de gremios pesados, o hay un cambio de gobierno que altera el status quo, los sindicatos se declaran en “Estado de Alerta“. Y es allí lo criticable, cuando de repente, descubren que la ley provincial no se cumple y que la seguridad es deficiente.
Analizando este documento de la mesa sindical desde la perspectiva histórica del periodismo crítico que desempeñamos desde hace 20 años, el comunicado no es el clamor genuino de defensores de los derechos laborales, a mi criterio se trata de una maniobra de extorsión cíclica.
Al declarar el estado de alerta y amenazar con medidas de fuerza en Cerro Negro, los cinco gremios están simplemente subiendo el precio de la paz social. Saben que Newmont (y el gobierno provincial que necesita regalías) no pueden permitirse el lujo de tener la mina parada. Usan a los trabajadores santacruceños, la seguridad y las leyes incumplidas como escudos en un tablero donde solo buscan reacomodar su cuota de poder frente a la multinacional; y repito, esto no es exclusivo de este casp, sucedió y seguirá sucediendo cuando los intereses cruzados no coinciden en cualquier tipo de proyecto de los que se llevan a cabo en Santa Cruz.
Cuando ese acuerdo llegue en una mesa cerrada, el estado de alerta se levantará mágicamente y el silencio sobre la mano de obra foránea y los riesgos laborales volverá a reinar en el yacimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)