(Por: Rubén Lasagno) – Siempre lo decimos desde nuestro espacio: la minería es necesaria, el problema no es “minería si o minería no”, el verdadero problema es cómo se hace en Santa Cruz, las falacias del discurso que usan junto con los gobiernos para lograr la licencia social, la complicidad absoluta del Estado (provincial y nacional) y la corrupción que atraviesa toda esta industria que económicamente no le rinde al poblador santacruceño, excepto a un grupo de personajes, empresarios y políticos, que se enriquecen a costa de la salud de pueblos donde la minería, la contaminación y miseria que dejan tras de si, cuando agotan la ley o deciden levantar el proyecto por antieconómico, es la herencia de las cuales nadie habla.
Newmont-Cerro Negro atraviesa un severo proceso de achique encubierto y reestructuración de su pasivo laboral, utilizando el desgaste y la irregularidad legal (impedir el ingreso) como herramienta de presión sobre operarios que, en muchos casos, han quedado con secuelas de salud producto de su paso por la mina.
Newmont ha iniciado lo que algunos técnicamente llaman proceso de desvinculación de trabajadores que comenzó hace 2 años en Cerro Negro donde ya habían quedado afuera 30 trabajadores y en esta nueva ola de despidos incluyen más de 20 a quienes desde hace días se les impide entrar a sus puestos de trabajo.
Según Newmont los mineros fueron informados mediante carta documentos y telegramas, pero de la otra parte lo niegan rotundamente. Ahora mineros desocupados decidieron tomar el ingreso a Cerro Negro mientras abogados particulares iniciaron la intimación formal a la empresa dado que muchos de ellos son personal de mucha antigüedad, padecen problemas de salud graves como afecciones en los ojos, en los pulmones y lesiones lumbares por la realización de trabajos pesados y en ambientes de alta contaminación.
El abogado Nicolás Schick en Caleta Olivia manifestó por Canal 2 de esa ciudad “Recibimos muchas consultas (de los trabajadores) porque las desvinculaciones fueron inicialmente de palabra, no se los notificó, entonces no conocen las causas. La realidad es que el impedimento de acceso al establecimiento y a volver a trabajar existe, y eso es una causal suficiente como para que ellos realicen las primeras intimaciones y bueno, en función de la respuesta de la empresa, tomar las acciones que correspondan”..
Según la Ley para que un despido sea válido y el trabajador conozca sus derechos (y las causas por las que lo echan), la norma exige que sea notificado por escrito y de manera fehaciente (mediante un telegrama laboral). Al hacerlo de palabra, el trabajador queda en un limbo de incertidumbre y la palabra “desvinculación” es la forma técnica (y muchas veces utilizada como un eufemismo) para referirse a la ruptura o finalización del contrato de trabajo entre la empresa y el personal; es decir es “la manera formal” de llamar a un despido o a la terminación de la relación laboral. Sin embargo el abogado caletense habló de un “proceso de desvinculación” en Minera Newmont, es decir, no se refiere refiere a renuncias voluntarias ni a retiros acordados, sino a una serie de despidos unilaterales y sistemáticos impulsados por la empresa desde hace tiempo.
Todos lo sabían y nadie dijo nada
La minera, el gobierno y medios de comunicación que silencian todo tipo de novedades, críticas e información pública que afecte a la minería en Santa Cruz, saben y supieron siempre que esto estaba sucediendo en Newmont.
El conflicto con esta empresa de EEUU (no de Canadá como por allí se expresa) proviene desde hace 2 años y el punto de quiebre fue la tragedia ocurrida en el mes de abril del año 2024 tras el fallecimiento de dos operarios (Rosana Ledesma y Daniel Ochoa) dentro del yacimiento. Este hecho (del cual nunca más se supo nada) paralizó la mina por más de 40 días, puso bajo la lupa provincial las condiciones de salubridad y seguridad en los pozos profundos de Newmont y expuso a la empresa a graves pasivos legales.
A principios de 2025, la situación escaló a nivel político. Newmont y el Gobierno de Santa Cruz entraron en un fuerte cortocircuito. La empresa había prometido en 2023 inversiones por más de USD 540 millones para extender la vida útil de la mina. Sin embargo, tras los accidentes mortales, la compañía argumentó que debía redirigir fondos para reforzar la seguridad y dejó la inversión “congelada“. El gobierno provincial exigió cambios en la gerencia, acusando a la empresa de desinversión.
En la última semana de octubre de 2025 y de acuerdo a los registros de informes que tenemos en OPI Santa Cruz, Newmont ejecutó una ola de despidos sorpresivos bajo el argumento de una “reestructuración empresarial”.
La medida generó un fuerte rechazo porque afectaba directamente a trabajadores locales (de localidades como Perito Moreno) e incluso a personal con discapacidad. La Cámara de Proveedores Mineros (CAPROMISA) y el gobierno alertaron que esto violaba la Ley 70/30 (o 90/10), que exige priorizar el empleo santacruceño, el cual sistemáticamente incumplen todas las empresas mineras, pero que ni el gobierno ni la Cámara ni el sindicato exigen en la vía de los hechos.
Entonces el gremio ASIJEMIN (personal jerárquico y profesional) impulsó medidas de fuerza y el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz tuvo que dictar la conciliación obligatoria casi de inmediato, obligando a la empresa a retrotraer las desvinculaciones y garantizar los puestos de trabajo.
Las mentiras siempre presentes
En febrero de 2026, en un intento por destrabar su relación con el Estado, Newmont y la provincia anunciaron la reactivación del proyecto “Cerro Negro Expansión 1” (CNE1) con una inversión de USD 360 millones, prometiendo generar más de 200 empleos directos. Sin embargo, la paz laboral nunca se restableció. Para marzo de 2026, ASIJEMIN ya había declarado el “estado de alerta y asamblea permanente” denunciando que la empresa enviaba representantes sin poder de decisión a las negociaciones y se negaba a pagar bonos de producción, tensando nuevamente la cuerda.
La estrategia inmoral de la empresa
Ahora la minera estadounidense con sede en Denver (no en Canadá), al no emitir telegramas de manera oficial, evitan que los gremios o el Ministerio de Trabajo tengan el documento legal necesario para dictar rápidamente otra conciliación.
En cuanto al conflicto actual planteado con piquetes en zona de la garita de entrada al yacimiento, Newmont busca desgastarlos psicológicamente y forzar renuncias “negociadas” por montos menores, evitando así las millonarias demandas por enfermedades profesionales (ART) que quedaron bajo la lupa tras los accidentes fatales de 2024. (Agencia OPI Santa Cruz)