La vicepresidenta quiere tratar el impuesto a las grandes fortunas, la derogación del ajuste por inflación en Ganancias y un plan para pymes
Por: Paz Rodríguez Niell y Gustavo Ybarra
En previsión de un fallo negativo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner planea avanzar con un acuerdo político con los bloques del Senado para modificar el reglamento de la Cámara alta para habilitar las sesiones remotas o en modo virtual.
Ayer, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debe “desestimar” el planteo de la vicepresidenta, que la semana pasada le pidió al máximo tribunal que se pronunciara sobre la validez de eventuales sesiones remotas del Senado.
Según confiaron a LA NACION sus voceros, una vez conseguido el cambio reglamentario para sesionar a la distancia, la vicepresidenta pretende darles prioridad en el debate legislativo a tres temas: el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que impulsa su hijo Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados; un plan de alivio fiscal a las pymes, y la derogación del ajuste por inflación de los balances de las grandes empresas, ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
El PJ respalda el planteo de Cristina Kirchner
“Queremos avanzar con esos temas”, confió una fuente cercana a Cristina Kirchner ante la consulta sobre un eventual rechazo de la Corte Suprema. “Si alguien plantea después la inconstitucionalidad de alguna de las leyes sancionadas, la Corte deberá hacerse cargo en su momento”, agregó el vocero.
La intención de la presidenta del Senado es esperar que se expida el tribunal antes de poner en marcha un acuerdo con los bloques políticos para modificar el reglamento del Senado, acción que deberá replicar la Cámara de Diputados y que su presidente, Sergio Massa, ya viene trabajando.
La convocatoria a los jefes de bancada de la Cámara alta para discutir los cambios reglamentarios estará en manos del presidente del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), que es quien viene manteniendo contacto con la oposición.
La postura del procurador
En un escrito sin carácter vinculante para los jueces, Casal consideró que el caso presentado por la vicepresidenta es “meramente consultivo” y que no le corresponde a la Corte tratarlo. Advirtió que una intervención como la que pretende la vicepresidenta significaría “indefectiblemente”, de parte de la Justicia, “una intromisión en las atribuciones propias del Senado de la Nación”. El dictamen de Casal, que es el procurador interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, será analizado ahora por todos los ministros, dijeron fuentes del Palacio de Justicia. Por lo tanto, no será un asunto que resuelva por sí solo el presidente, Carlos Rosenkrantz, en su condición de juez de feria.
Los ministros no informaron cuándo piensan dictar su fallo. La Corte no tiene plazos. Pero en dos de las vocalías dijeron que la idea es resolver rápido. La mecánica para la feria consiste en que cada uno trabaje los temas por su cuenta y que intercambien mails o mensajes de WhatsApp para definir fechas y votos conjuntos. Horacio Rosatti está en Santa Fe y Ricardo Lorenzetti, en Rafaela.
Cristina Kirchner, en carácter de presidenta del Senado, le había pedido el miércoles pasado a la Corte que avalara la posibilidad de que la Cámara alta sesione por teleconferencia ante las prohibiciones dispuestas por el avance del coronavirus. El planteo es una “acción declarativa de certeza”. Solicita que los ministros, dada la “gravedad institucional” en juego, “de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo” declaren si es constitucionalmente posible que el Senado sesione “mediante medios digitales”. La vicepresidenta recordó en su presentación que la propia Corte había admitido estos métodos para su propia toma de decisiones.
Para Casal, son “atribuciones propias del Senado” determinar “el modo en que puede sesionar en estas circunstancias extraordinarias que se presentan por la pandemia desatada” y “legislar en materias que le resultan exclusivas y excluyentes”.”Una inteligencia orientada hacia la judicialización de lo que deben decidir otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos como la autoridad de la propia Corte Suprema”, afirmó el procurador. (La Nación)
