10:00 Se financiará con $ 8000 millones de las obras sociales; tomó nuevo impulso gracias al entendimiento entre los gremios y la Casa Rosada; alcanzaría a 15 millones de personas
Por: Nicolás Balinotti
A casi 14 meses de su lanzamiento, el Gobierno y la CGT se sentarán hoy por primera vez para definir la implementación de la denominada Cobertura Universal de la Salud (CUS). Se trata de un ambicioso plan que les permitiría a unos 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales.
Lo novedoso del proyecto es su financiamiento: unos $ 8000 millones serán retenidos a las obras sociales sindicales del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios. Es decir que la famosa caja sindical, el millonario tesoro por el que los dirigentes gremiales son capaces de todo, será la fuente de sustento para una de las grandes apuestas de la gestión de Mauricio Macri.
La puesta en marcha del plan es recién hoy viable a partir de la tregua que sellaron la semana pasada el Gobierno y la mayoría del sindicalismo peronista después de meses de tensiones a causa de despidos por goteo en diferentes sectores, paritarias empantanadas y una movilización a la Plaza de Mayo, la del 22 de agosto, que fracturó internamente a la CGT.
El ministro de Salud, Jorge Lemus, recibirá hoy a los sindicalistas José Luis Lingeri (AySA) y Carlos Frigerio (cerveceros), los dos dirigentes que designó el consejo directivo de la CGT para monitorear las gestiones vinculadas a las obras sociales. Participarán además del encuentro Sandro Taricco, flamante jefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los millones de pesos de las obras sociales, y María Cecilia Loccisano, la esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se desempeña como subsecretaria de Coordinación Administrativa de la cartera de Salud.
“Recién es la primera reunión y todavía hay mucho por hacer, como el relevamiento en todo el país. También hay que definir cómo se financiará después, porque con los $ 8000 millones que aportamos del Fondo alcanza sólo para poner el plan en marcha”, dijo Lingeri, el dirigente cegetista que tal vez más conoce sobre las obras sociales tras su gestión como superintendente durante el gobierno menemista.
El 2 de agosto del año pasado, en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri anunció ante la cúpula de la CGT el reintegro del dinero del FSR a los sindicatos. Se trató de casi $ 30.000 millones que se acumularon durante el kirchnerismo, una gestión que hizo de esa caja un circuito de reparto discrecional y que le sirvió como herramienta para disciplinar a los gremios. A Macri, por entonces, también le ayudó para negociar: el anuncio se concretó en la víspera de la reunificación de la CGT, en un contexto de inflación alta, caída de empleo y la amenaza de un paro general.
De los casi 30.000 millones, 2704 ya se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas; $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020, cuyos intereses se pagarían de manera trimestral; $ 4500 están aún congelados y serían para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8000 serán destinados para la cobertura universal de salud.
El ministro Lemus pone muchas expectativas en el proyecto y lo definió internamente como uno de los pilares de su gestión, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y gremiales. Lo que todavía no se acordó en la cima del poder es si escenificarán un relanzamiento público con tono de campaña electoral antes de las elecciones legislativas del 22 de octubre.
El ministro Triaca recibió el lunes pasado en su despacho a la cúpula de la CGT y se acordó la visita del funcionario, tres días después, a la sede de la central obrera. Descartado allí cualquier atisbo de rebeldía gremial, acordaron avanzar en una agenda que contempla tres ejes centrales: impulsar la reforma laboral por sectores para disminuir los costos patronales e incluir las pasantías en los convenios colectivos; debatir la letra chica de un proyecto de ley de blanqueo de trabajadores para intentar disminuir la informalidad, y activar mecanismos para hacer circular los millones de pesos que se atesoran en el FSR y auxiliar a las prestadoras médicas sindicales.
En forma paralelo a la negociación por la Cobertura Universal de Salud, el Gobierno y la CGT avanzan codo a codo en la redacción de un proyecto de ley para crear una agencia nacional de evaluación de tecnología de salud, cuya finalidad será reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales.
“Hoy te dictan cualquier medida cautelar y te obligan a pagar cualquier medicamento”, celebró la iniciativa un dirigente gremial que administra con recelo la obra social de su organización. Esta iniciativa en principio iba a surgir mediante un decreto presidencial, pero se abandonó esa idea tras conseguir el aval sindical. (La Nación)
