A través de la Resolución 1089/2026, el Poder Ejecutivo nacional integró a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario en una mesa técnica para clasificar capturas bajo parámetros objetivos de peligrosidad procesal.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la puesta en marcha del programa Los Más Buscados mediante la Resolución 1089/2026, oficializada en el Boletín Oficial. La medida instaura un mecanismo de categorización técnica de personas prófugas de la justicia a partir del nivel de peligrosidad, la escala de las condenas y la pertenencia a redes delictivas organizadas.
El Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, asumió la administración operativa de la base de datos unificada del nuevo programa. La disposición oficial determinó que este organismo aplique un sistema de análisis automatizado de peligrosidad para priorizar objetivos y ordenar los recursos operativos de las fuerzas de seguridad intervinientes en el fuero federal.
La cartera de seguridad fundamentó la decisión al sostener que “resulta imprescindible contar con un sistema integral que permita la identificación, análisis y clasificación de personas prófugas o evadidas en función de múltiples variables objetivas”. La normativa pondera la naturaleza de los delitos imputados o sentenciados, las penas impuestas y los antecedentes de reincidencia registrados ante los tribunales competentes.
El nuevo esquema busca superar la dispersión previa registrada entre el Programa Nacional de Recompensas y la nómina homónima del Ministerio de Justicia. Si bien la disposición oficial reconoció que ambos registros resultaron útiles para concretar capturas, fijó la necesidad de estructurar un procedimiento técnico y dinámico para responder a los requerimientos judiciales actuales.
La Mesa de Evaluación reúne a las fuerzas federales
La Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas funcionará bajo la coordinación de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Esta instancia colegiada tiene a su cargo definir y validar los parámetros objetivos para el cálculo del índice de peligrosidad de los fugitivos.
El cuerpo operativo incorpora a delegados de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. El texto normativo facultó además la incorporación de representantes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos en calidad de colaboradores técnicos en las deliberaciones.
Entre sus funciones operativas, la mesa recolectará y procesará información judicial y penitenciaria para dar con el paradero de los requeridos por los tribunales. La reglamentación exige también la confección periódica de informes estadísticos y la actualización permanente de los criterios de búsqueda conforme muten las modalidades delictivas.
El titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad, área dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal, quedó designado como responsable operativo del sistema informático. Su función abarcará el desarrollo, mantenimiento y actualización del dispositivo automatizado de clasificación, junto con la aplicación de pautas de resguardo de datos y gestión de la información.
La resolución instruyó a este funcionario a conducir la mesa evaluadora, convocar a sus integrantes con frecuencia mensual y gestionar la tramitación de actas de confidencialidad entre todos los miembros. También le encomendó coordinar acciones con la conducción del Programa Nacional de Recompensas y convocar a especialistas técnicos a fin de optimizar las tareas de localización.
La cartera de seguridad cursó una invitación formal a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, para abastecer el sistema con los legajos de antecedentes penales, declaraciones de rebeldía y pedidos de captura vigentes en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)
