El Gobierno Nacional sustituyó la normativa vigente desde 2018 mediante un documento de carácter reservado. La medida impone pautas obligatorias de investigación a las fuerzas de seguridad para operar ante redes criminales intra e internacionales en las terminales aéreas de todo el país.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, aprobó la Resolución 468/2026 el 6 de julio de 2026. El documento establece un marco de actuación obligatorio en los aeropuertos de Argentina para detectar casos tempranos de trata de personas.
Según los considerandos publicados en el Boletín Oficial, la disposición designa a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como autoridad superior del procedimiento. La fuerza federal deberá trazar pautas operativas que permitan confirmar o descartar hipótesis delictivas transnacionales en los nodos aeronáuticos.
El articulado instruye al director nacional de la PSA a designar oficiales referentes especializados. El dictamen oficial fundamenta la intervención estatal al advertir que el ilícito “se ha transformado en sus dinámicas, modalidades y escalas, conformándose de manera creciente como un delito complejo y organizado, de carácter intra e internacional”.
La aplicación de esta normativa es de cumplimiento exigible para todo el personal aeroportuario y mantiene un estatus reservado. De acuerdo con las autoridades gubernamentales, la difusión pública del mecanismo comprometería la eficacia de las acciones operativas en curso y pondría en riesgo la integridad de las víctimas.
Derogación del esquema normativo previo
La reciente reglamentación deja sin efecto la Resolución 635/2018, emitida durante la administración nacional anterior. Aquel instrumento reguló las intervenciones preventivas en las terminales aéreas durante ocho años.
Según la argumentación documental difundida por el Ministerio de Seguridad Nacional, la expansión del tráfico de personas exigió la actualización del esquema, definiendo al entorno aeroportuario como un ámbito neurálgico para la movilidad humana y la conjuración del crimen organizado. (Agencia OPI Santa Cruz)