Por: Soledad Vallejos
No habrá rebaja generalizada en las cuotas de los colegios privados . Pero el Ministerio de Educación de la Nación y las cámaras que agrupan a las instituciones educativas de gestión privada llegaron finalmente a un acuerdo, que fue consensuado por todos. Hubo sugerencias y cambios de último momento. Pero cada una de las partes que participó de la reunión virtual comandada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta , aprobó el informe final, que se difundió esta tarde.
En una lista en la que se detallan nueve puntos, se les recomienda a los colegios privados que congelen el valor de las cuotas hasta que termine la cuarentena obligatoria, y retrotraigan cualquier aumento anterior al decreto que ordenó la emergencia sanitaria en todo el país, el 12 de marzo pasado. También, suspender el cobro de servicios directos interrumpidos, como el comedor, y el de las actividades extraescolares, como los talleres por los que algunos alumnos pagan. Además, entre otras medidas, se les sugiere flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de vencimiento de las cuotas, y suprimir las penalidades por mora en los pagos, al menos por el tiempo que dure el aislamiento social y obligatorio dispuesto en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus .
“Estamos conformes. Todos fuimos escuchados, y la decisión fue unánime -dice Martín Zurita, representante de las cámaras Aiepba/Junep, conformada por 2500 colegios en la provincia de Buenos Aires y otros 500 en distintos puntos del país-. Como dijo el ministro Trotta, se trabajó en este documento bajo los principios de la solidaridad, por la situación de las familias, y la responsabilidad de todos por la supervivencia de las instituciones educativas, con el principal objetivo de poder conservar los empleos de todo el personal, docente y no docente. Cuando sea posible, queremos a todos los niños y niñas en la escuela”, agregó el dirigente, que fue contundente al afirmar que se trabajará con todos los asociados, es decir los colegios, “para que estas recomendaciones se concreten en prácticas efectivas”.
En total, son nueve los puntos que se detallan, y fueron redactados, según el comunicado, en un momento donde prima la emergencia por el Covid-19 , y “teniendo en cuenta la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones”. Trotta, explicó: “En la reunión primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación, entendiendo la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente”. El objetivo, señala el documento, es “atender las necesidades de las familias, de los docentes y no docentes y de las propias instituciones; coincidiendo en los principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad responsabilidad y esfuerzo compartido”.
Para Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Institutos Educativos Privados (Caiep), el objetivo ahora es encontrar un equilibrio entre las dos caras de la moneda: por un lado, la difícil situación económica que puedan tener las familias, y por otra parte la necesidad de las escuelas para mantener los niveles de recaudación que les permitan pagar los salarios y seguir funcionando cuando vuelvan las clases presenciales”.
¿Qué sucede si alguna escuela incumple con las medidas? “Los colegios saben que forman una alianza muy fuerte con su comunidad educativa. El riesgo de romper ese lazo es muy grande, y nosotros como institución vamos a promover la aplicación del documento”, dijo De Vincenzi, que remarcó que el impacto negativo de la suspensión de clases por el contexto actual. “Hay que tener en cuenta que los colegios son una economía de escala, y muchos ya han perdido alumnos del nivel inicial durante estas semanas, que decidieron darse de baja. La baja en la recaudación será peor en abril, y nuestra mayor responsabilidad es continuar pagando los salarios”, reconoció el dirigente de la Caiep, que reúne a 1200 colegios privados.
Qué dicen las nueve medidas
1. Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.
2. Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020.
3. Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extra escolares.
4. Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.
5. Flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.
6. Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.
7. Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.
8. Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.
9. Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación. (La Nación)
