Tras el rechazo social y de los empresarios, busca legalizar la iniciativa. El Nación y los otros bancos estatales acreedores de la compañía le solicitaron al juez de la quiebra que nombre a los dos funcionarios designados por el Ejecutivo.
Por: Annabella Quiroga
En las últimas horas el gobierno puso en marcha una estrategia dialoguista para avanzar sobre el control de Vicentin. Tras haber intervenido la cerealera como primer paso para después expropiarla, este miércoles comenzaron a tender puentes para encontrar una solución amigable.
La decisión de intervenir la empresa -en concurso de acreedores desde febrero con una deuda $ 99.345 millones- fue anunciada el lunes por el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa. Allí, flanqueado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el flamante interventor, Gabriel Delgado, y la impulsora de la idea, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el mandatario dijo que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía.
La novedad abrió varios frentes de críticas. Desde el ámbito jurídico salieron a advertir que violaba la independencia de poderes, ya que al estar Vicentin en concurso de acreedores hay un juez a cargo de la causa y es a él a quien le compete decidir la intervención. Hubo reclamos no solo desde la oposición sino también de parte de políticos hasta ahora venían jugando como aliados del Frente de Todos, como el ex ministro Roberto Lavagna, quien cuestionó públicamente la decisión del Poder Ejecutivo.
Pero lo que sacudió a la Quinta de Olivos fue la reacción popular en Avellaneda y Reconquista, las dos ciudades santafesinas que tienen su vida económica marcada por Vicentin. El martes por la noche cientos de personas salieron a protestar contra la intervención. Incluso el intendente de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpín, reclamó públicamente por la decisión, mientras que el gobernador de la provincia, el peronista Omar Perotti, pasó de apoyar la medida a tomar distancia ante la reacción visceral de su electorado.
Este panorama aleja las chances de un desembarco hostil en la cerealera. Incluso fuentes del sector aseguran que la expropiación podría mutar en un salvataje consensuado de la empresa en el que la asociación con YPF Agro sea una pieza central.
Con este escenario cambiante, el Gobierno abrió el juego. Por un lado el propio presidente habló por teléfono con Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, durante 20 minutos. Allí el mandatario reconoció su preocupación por las protestas e invitó al empresario -de sólidos lazos con el macrismo, condición que le venía jugando en contra en esta pulseada- a que lo visite este jueves en Olivos. En ese diálogo reapareció el fantasma de la rebelión del campo de 2008. “Lo mío es el diálogo”, le dijo el presidente a Nardelli y así le aseguró que no busca reeditar aquel conflicto con la “patria chacarera” que terminó con su salida como jefe de gabinete en la gestión presidencial de Cristina Kirchner.
Otro elemento de peso para bajar el tono del conflicto fue la reacción negativa de los mercados. El martes los bonos y las acciones argentinas cortaron el rally positivo que traían ante las perspectivas de llegar a un acuerdo por la deuda. Con las puntas de la negociación todavía abiertas tensar la cuerda por la expropiación no parecía el camino más acertado.
A esta línea dialoguista se le sumaron otras jugadas de fondo destinadas a allanar el camino judicial. La decisiva fue encarada por el Banco Nación, el principal acreedor de Vicentin. Los abogados del banco presentaron un escrito ante el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista, a cargo de Sergio Lorenzini, en el que apoyan la designación de los interventores.
En el escrito, manifiestan “conformidad con la intervención de la empresa concursada y la designación de los Sres Gabriel Delgado y Luciano Zarich, como interventor titular y subinterventor, respectivamente”. Y piden que “adopte el Tribunal las medidas que estime pertinentes para el debido contralor de la intervención”.
Así, el Nación deja constancia de que se cuadra ante la decisión del Ejecutivo y a la vez, como acreedor privilegiado, le abre espacio al juzgado para que no objete el procedimiento.
A su vez, Vicentin hizo su aporte a una solución “amigable” a través de un comunicado en el que en lugar de cuestionar la intervención le pide al juez que tome parte en ella.
“La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”, indicó la empresa. (Clarín)
