El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, que preside Patricia Bulrich, canidata opositora al gobierno. A raíz de ello la abogada Silvina Martínez realizó una denuncia contra el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen y ayer extendió la misma al Ministro de Justicia Martin Soria.
Tal como lo refiere la abogada la denuncia que diera origen a estas actuaciones, los funcionarios denunciados persiguen a las entidades de los opositores pero beneficia a las entidades de ex clientes e incluso a sus propias fundaciones, expresan desde el IEES.
Los medios de comunicación fueron informados antes que el Instituto y la resolución aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, admite la Dra Martínez.
Desde que el abogado de Cristina Kirchner, a cargo de la Inspección General de Justicia, comenzó a investigar la entidad, nos impidió el acceso a las actuaciones y la notificación de las resoluciones de la IGJ, remarca y luego agrega:
El supuesto objetivo de la Resolución 742/2023 es “normalizar la situación institucional de la entidad”, a partir de falsas irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar. A continuación Martínez hace un par de aclaraciones.
Primera aclaración: desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. No descartamos que el interventor responda a fines persecutorios y perjudique nuestra habitual actividad como ya lo ha hecho la resolución original de la IGJ que causó una sustancial merma en el despliegue de nuestra labor. La medida dispuesta es absolutamente excepcional.No hay irregularidad en el funcionamiento. La Asociación ha colaborado y ha aportado toda la información solicitada.
Segundo punto: Vamos a desentrañar las mentiras de la IGJ y del Ministro Soria.
Durante el año 2021 la entidad INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL (IEES) aumentó sus ingresos y la IGJ considera dicho aumento ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Es sabido que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales. Nada tiene de irregular haber podido realizar actividad acorde a sus fines y poder financiarse con ella.
En nuestra web (https://ieesinstituto.org/) se puede advertir claramente que el objeto social se vincula con actividades que se llevan adelante regularmente. Pero parece que esto no fue suficiente para el titular de la IGJ que quería teñir de un tinte oscuro a la principal precandidata opositora a presidente en la Argentina y ,amedrentar a toda persona que quisiera participar de sus actividades.
El aumento de la actividad del instituto, y por ende de sus ingresos, tiene su explicación en el simple hecho de que durante los años 2016/2019 muchos de sus integrantes estuvieron abocados a la función pública. Luego vino la pandemia y con el regreso a la normalidad, comenzaron a desplegarse los seminarios y cursos proyectados. Vale recordar que en el año 2022 no hubo elecciones y, en el 2021 Patricia Bullrich no participó de las mismas. en consecuencia, los argumentos de la utilización de los recursos de una entidad civil para una campaña electoral carecen de todo asidero.
La resolución impugnada menciona como “llamativos” ciertos importes abonados por empresas. No hay nada de llamativo. Muchas empresas abonan diferentes cursos y seminarios para su personal y directivos en materias de política pública y coyuntura. Algunas empresas eligen un curso básico, pero luego solicitan replicarlo a más asistentes.
Tercer punto: Es harto evidente, que la resolución abusa del poder del Estado como herramienta de persecución a PATRICIA BULLRICH, manipulando la interpretación de los hechos que surgen de la documental aportada por la asociación para perjudicar la imagen y carrera presidencial de una precandidata. Lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista.
Luego de que la justicia rechazara el pedido de intervención judicial – tanto en primera instancia, como en la Cámara – , los funcionarios kirchneristas vuelven a la carga, con una medida absolutamente avasallante y arbitraria contra una asociación civil independiente que se financia totalmente con recursos privados. La justicia se pronunció en contra de lo que hoy intentan por via administrativa de forma ilegítima.
Para parar las injusticias del Ministerio de la Injusticia, daremos intervención a los organismos internacionales, advirtiendo la gravedad de los hechos descritos que solo buscan hacer peligrar la democracia y el proceso electoral en la Argentina. Y ampliaremos las denuncias penales correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)
Que raro porque los KKs nunca persiguen a nadie ni operan contra nadie, es raro