¿Y si habláramos de dónde sacan la plata los candidatos para sus campañas?

(Por: Rubén Lasagno) – En los últimos días han arreciado las manifestaciones callejeras de los candidatos en la provincia de Santa Cruz. Movimiento de miles de personas, vehículos de todo tipo, cuyo ploteo, solamente, significa el sueldo de todo el año de un trabajador público. Enormes muñecos (horribles) que los identifican en color o según la configuración del ícono que hayan elegido, cierres de campañas rodeado de plata, costoso merchandising, cartelería por todos lados, gigantografías enormes montadas sobre estructuras de hierro etc; una danza de miles de millones de pesos que nadie sabe de dónde salen, incontrolable y cada candidato hace un “respetuoso” silencio sobre sus orígenes, tanto oficiosas como de la oposición.

¿La cumplen? ¿Quién lo corrobora?

En relación al origen de los recursos, en el Artículo 14º de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, se enumeran los aportes del sector privado que los partidos políticos pueden obtener. En tanto que en el Artículo 15º refiere a las prohibiciones y el Artículo 16º establece que los partidos políticos no podrán recibir “de una misma persona humana o jurídica por cada año calendario para desenvolvimiento institucional un monto superior al dos por ciento (2%) del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. La Ley fija que los aportes privados deben ser transferidos, únicamente, por medios bancarios.

En el Título IV la Ley fija cuales son los procedimientos de control del financiamiento de las campañas electorales. El Artículo 58º establece que 90 días después de finalizada la elección, “el tesorero y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos” así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral.

Por último, en el Título V se enumeran las sanciones que los partidos políticos podrían recibir si no cumplen con lo establecido por la Ley.

No existe conocimiento público que después de cada campaña estos gastos estén transparentados, difundidos, controlados, homologados, rendidos y publicados. Y nadie de los partidos políticos (excepto raras excepciones que no son la regla) puede dar fe y poner en conocimiento público esta información. Como toda ley en la Argentina, está escrita pero nadie, en general, la cumple.

Nadie se salva

A nivel nacional Sergio Massa hace campaña con fondos nacionales, sin duda, además, utiliza un recurso poco ético como es ser candidato mientras desempeña nada menos que el cargo de Ministro de Economía. Todo el mundo sabe que los fondos públicos son la base de su campaña política, pero no hay denuncias penales al respecto ¿Por qué?, sencillamente porque desde la hoy oposición, Mauricio Macri hizo lo mismo, lo mismo ocurre con Larreta y cada uno de los intendentes del conurbano que aspiran a un cargo en las elecciones de octubre.

A nivel provincial los candidatos en su mayoría son inquilinos de los municipios, tal es el caso de Pablo Grasso, Javier Belloni, José Carambia y Fernando Cotillo. Ninguno de ellos acierta a explicar cómo pagan su campaña y a falta de aclaración real y concreta, cualquier teoría sobre el origen de los fondos, es válida. Sin duda la sospecha más fuerte es que se basan en los fondos públicos de sus administraciones. Estaría bueno, entonces, saber de propia voluntad de los intendentes, cómo y cuánto gastaron y de dónde provienen esos fondos de campaña.

La oposición, por su parte, no le queda a la zaga. En el caso de la más representativa como Roxana Reyes, cursa su mandato como Diputada Nacional y si bien su campaña es sensiblemente más austera, todos los gastos millonarios que genera la misma debería tener una transparencia cristalina, precisamente, por su vocación política opositora y porque, fundamentalmente, en el discurso se vende como un cambio. Sin embargo, no difundir los orígenes de los fondos que utiliza, la pone en un mismo pie de igualdad que los oficialistas. En definitiva la honestidad del candidato no se mide por la cantidad, sino por la calidad y transparencia que le de a los fondos para su financiamiento político.

Y el último eslabón de esta cadena, es el partido SER, una agrupación nueva a cargo del petrolero Claudio Vidal, quizás quien más despliegue haga en estas elecciones a Gobernador, de la cual es candidato. Como el petrolero no se ha tomado el trabajo de aclarar el origen de los fondos que utiliza, avienta cualquier teoría al respecto, desde que es sostenido por petroleras, hasta que utiliza fondos del sindicato.

Existe la falsa creencia de que porque proviene del sector privado, no debe dar cuenta de cuál es el origen del dinero que utiliza. Esta es una falacia absoluta y las dudas cocinan las más diversas teorías; todo esto se desmoronaría inmediatamente, si el candidato realizara una conferencia de prensa y difundiera su verdad y entregara una cartilla descriptiva del origen de los fondos de campaña (ciencia ficción).

Pero obvio, nadie lo hace, la pregunta entonces es ¿Por qué deberíamos exigirle a Vidal lo que los demás incumplen?, la respuesta es: porque no solo se debe proclamar la honestidad, hay que practicarla y demostrarla en los hechos, pues todos ellos van a camino a administrar la cosa pública y nos cabe la sospecha que así como hoy manejan fondos públicos o privados de manera oscura y poco transparente, haciendo ostentación de un gasto que nadie explica, mañana harán lo mismo desde el puesto que les toque ocupar en el poder.

Los partidos son una Pyme

El Estado nacional a través de la DINE (Dirección Nacional Electoral) y de acuerdo al Boletín Oficial gasta en esta oportunidad más de 12 mil millones de pesos solo para distribuir los fondos a fin de imprimir boletas en todos los partidos políticos.

Para captar fondos de este reparto, aparecen candidatos como hongos, muchos de los cuales ni siquiera sobrevivirán políticamente a las PASO, pero no obstante de ello embolsarán 100 millones de pesos o más, de acuerdo a la cantidad de candidatos que arrastren en sus boletas, en la mayoría de los casos ignotos e irrecuperables.

De esta manera personajes como Guillermo Moreno (solo por poner un ejemplo conocido, pero hay miles desconocidos) acopiarán una suma superior a los 1.000 millones de pesos, solo por poner el ejemplo de un candidato nefasto que lleva a Luis D’Elía y Alberto Samid como co-equiper.

La falta de controles y el dejar hacer que formalmente opera en la política, hace que aún existiendo las leyes que contemplan que esos fondos no pueden ser usados si no (y exclusivamente) para imprimir las boletas de cada partido, la trampa está armada con las imprentas elegidas por los candidatos que facturan por 100.000 boletas e imprimen 30.000, la diferencia va al bolsillo de unos pocos vivos.

Hecha la ley, hecha la trampa; sin embargo nos deberíamos preguntar por qué ocurre ello? y allí terminaríamos dándonos cuenta que no hay voluntad cierta de los propios actores de la política nacional, por transparentar y mucho menos investigar y denunciar penalmente a otros, porque en el fondo, a cada uno de ellos les sirve en este juego miserable de la mentira y la hipocresía que ha hecho de cada partido político una Pyme, sostenida y sustentada por el propio estado no tan bobo, sino más bien, cómplice sostenido por millones de boludos (todos nosotros) que no levantan la voz. (Agencia OPI Santa Cruz)