Finalmente, triunfó el interés empresarial sobre la vida humana. Newmont volvió a producir por decisión de las autoridades provinciales y la justicia

(Por: Rubén Lasagno) – El título es la respuesta a una pregunta retórica que nos hicimos el día 20 de mayo de 2024 cuando anunciamos que la Secretaría de Minería de Santa Cruz y el Ministerio de Trabajo habían decidido atinadamente, que el yacimiento Cerro Negro de la minera Newmont en Perito Moreno permaneciera clausurada, sin actividad industrial, luego del grave incidente (aún no aclarado) donde perdieron la vida Rosana Paola Ledesma de 48 años y Daniel Alberto Ochoa de 26.

Parecía lo que es y fue lo que parecía ser

A una semana de permanecer clausurado el yacimiento, mientras se llevaban a cabo (supuestamente) las inspecciones y se labraban los informes accidentológicos y la justicia (presuntamente) realizaba una exhaustiva investigación por la responsabilidad penal de la minera, nada menos que en el fallecimiento de dos operarios por inhalación de emanaciones tóxicas (se sabe extraoficialmente), la Cámara de proveedores mineros CAPROMISA, salió a cuestionar el cierre prolongado de la principal minera de la provincia, por cuanto se ponía en peligro la estabilidad de las Pymes y en riesgo 1.200 puestos de trabajo “en la provincia”.

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Claramente, la entidad, representa los intereses propios de Newmont, empresa que guardó un respetable silencio hacia la opinión pública, cuidándose de no aparecer como un factor de presión para lograr el reinicio de las actividades, teniendo en cuenta “la pérdida material” que le implica a la multinacional, tener parada la producción de oro y plata durante una semana.

La semana pasada la Secretaría de Minería de la provincia, Nadia Ricci, se ponía seria y con ceño fruncido recalcaba a quien quisiera escucharla, que las actividades extractivas no iban a volver hasta que no se tuviera conocimiento de los motivos por los cuales fallecieron los dos operarios y asegurado el dictamen de que los problemas de seguridad fueron subsanados.

“Vuelvo a insistir, independientemente de la conducta del personal, en este caso de Rosana y de Daniel, la empresa tiene que asumir la responsabilidad por lo que le compete. Y es eso lo que nosotros estamos requiriendo, si ese sistema de seguridad hubiese funcionado como corresponde esto no hubiera pasado“, dijo Nadie Ricci  y luego de reconocer que le había encargado “a la misma empresa” un informe de auditoría, realizada por una consultora privada pagada por la propia Newmont y las las queja de Capromisa, Ricci dijo “estamos en evaluación de toda esa documentación así como otras cuestiones que se le fueron requiriendo a la empresa relacionadas con el tema de proveedores, de compra local, y de empleabilidad. Una vez que estén todos los requerimientos, se levantará el cese a la empresa“.

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Y ayer, finalmente, sin que nada se sepa, nada se haya aclarado, nadie conozca los motivos y menos aún los responsables por la muerte de dos personas en el yacimiento, Gutiérrez el Ministro de Trabajo y Ricci la Secretaria de Minería, levantaron las restricciones para que Cerro Negro retome la producción.

Es decir y tal como lo habíamos anunciado con suficiente anticipación, los intereses empresarios en Santa Cruz valen (siempre) mucho más que una vida humana y existen muchos casos que revelan esa lastimosa y lamentable verdad en esta provincia donde los gobernadores se jactan de ser cuna de la producción de oro y plata y hacen la vista gorda a los crímenes atroces que se cometen contra personas dentro de los yacimientos, donde cada operario es un número que no puede obstruir el imparable empuje de la producción mineral que engorda la cuentas del gobierno, la billetera de los empresarios y le permite a las multinacionales sacar casi a valor de regalo, todos los recursos no renovables de Santa Cruz, casi como en las épocas de las colonias cuando los europeos saqueaban el oro americano. Ah! y la justicia, no aplica para estos casos

La impunidad, una marca santacruceña

Desde nuestra aparición como OPI Santa Cruz en el año 2004, hemos venido siguiendo el tema minero y petrolero en la provincia. La explotación intensiva, la extracción a precio de oferta, la contaminación ambiental sin límites ni castigo y las muertes que han ocurrido en los yacimientos, que jamás han sido aclarados y mucho menos penalizados, constituyendo un estado dentro de otro estado, estos lugares de producción a los cuales nadie puede acceder y que, parecen tener leyes propias.

Si bien a lo largo de estos años lo hemos ido publicando “en tiempo real”, en el año 2019 hicimos un pequeño recuento de las muertes impunes generadas en los yacimientos mineros y acá vamos a reproducir algunos de aquellos hechos tristes que contaron con la complicidad silenciosa de las empresas, la provincia, el sindicato AOMA y la justicia.

En diez días (el 14 de junio) se cumplen 20 años de la tragedia de Río Turbio, donde 14 mineros fallecieron aplastados y asfixiados en el Chiflón 9 de YCRT. Nunca hubo justicia, ni responsables ni protestas. La billetera oficial, la corrupción gubernamental y el interés empresarial, tapó a los muertos, a las familias y a la justicia que brilló por su ausencia.

El 12 de marzo del 2011 en la Mina San José, “producto de la caída en una de las chimeneas de ventilación del yacimiento San José-Huevos Verdes de Minera Santa Cruz, murió el operario Mario Fernández, chileno, domiciliado en Las Heras, al caer de 16 metros en el caño de respiración de las galerías subterráneas de veta Frea cuando que el operario al realizar un acople de mangueras en una máquina, retrocedió y cayó al vacío”. Posterior al deceso, nunca más hubo novedades de lo ocurrido.

El 27 de agosto de 2011 una mujer de 22 años que desempeñaba tareas de maestranza y hotelería en el yacimiento San José Huevos Verdes, fue encontrada sin vida en el lugar de descanso. Débora Solanas de 22 años, oriunda de Salta y con domicilio en Perito Moreno (Santa Cruz), fue encontrada muerta a las 05:30 hs en la gamela del yacimiento minero San José-Huevos Verdes (minera Santa Cruz). Nunca se supo qué pasó, cuál fue el final de la causa, quién actuó, quién investigó y lo ocurrido con esta extraña muerte en la minera San José”. A pesar de lo extraño y complejo de lo ocurrido, nadie dio una explicación pública ni volvió a tocar el tema.

El 20 de enero del 2012, Un minero del yacimiento de oro Cerro Vanguardia SA, murió al desplomarse una pared y quedar sepultado en un área denominada “Nivel 60 del sector Manga Centro”. La información extraoficial (porque oficialmente la empresa no dio detalles en su comunicado) hablaba de un problema de falla en la seguridad de las labores de apuntalamiento. El trabajador, oriundo de la provincia de Jujuy se llamaba Marcos Dante Apaza y pereció en momentos en que realizaba las tareas denominadas “de tojeo”. Igual a los casos anteriores, nunca más se supo nada respecto de este incidente.

El 6 de febrero de 2013 60 operarios fueron internados, algunos de gravedad, por intoxicación en el yacimiento San José – Huevos Verdes. La información daba cuenta que el elemento transmisor sería el agua, la alimentación u otro origen desconocido. No se determinó si hubo alguna víctima fatal de tal situación. Tampoco se informó sobre responsabilidades o posibles culpables de haber producido la intoxicación.

El 30 de junio del 2013, murió el minero jujeño Fulgencio Coria mientras operaba una pala cargadora, en el yacimiento San José-Huevos Verdes. Nunca hubo más novedades al respecto.

El 11 de junio del 2019 murió aplastado por un derrumbe, Carlos Peralta en el emprendimiento minero Tritón de Panamerican Silver, en Gobernador Gregores. No se tiene conocimiento de lo ocurrido 

El 1º de julio de 2013, un trabajador minero murió en el yacimiento San José-Huevos Verdes, en proximidad de Perito Moreno el operario Fulgencio Coria de 41 años de edad, jujeño y padre de 3 hijos. Fue la tercera muerte en dos años y al menos dos de ellas comprobado que se trató de fallas en la seguridad y una por causas que nunca se han revelado”. Como en los casos anteriores, allí terminó todo, sin mayores aclaraciones por parte de la minera, el estado y el sindicato.

El 24 de marzo del 2021, falleció electrocutado mientras estaba instalando un tendido eléctrico, el obrero de la construcción Gustavo Pereyra, en la Mina San José. Como los otros casos, todo quedó silenciado.

Teniendo en cuenta la triste cronología que enumeramos, la actitud del actual gobierno provincial ante la muerte de estos dos operarios en Cerro Negro, no podemos pensar otra cosa que lo obvio: Rosana y Daniel ya son parte de este triste historial, en una provincia donde el oro y la plata vale mucho más que una vida y donde las multinacionales no rinden cuenta, para quienes hay una justicia especial y a las que todos y cada uno de los gobiernos provinciales, les rinde pleitesía, ante lo que nos animanos a decir: por algo será… (Agencia OPI santa Cruz)