La justicia federal ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de los programas alimentarios en los comedores comunitarios, ante el riesgo del derecho a la alimentación de amplios sectores sociales. El juez Walter Lara Correa consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación requiere la articulación y coordinación con provincias y municipios, y no solo la transferencia directa de ingresos a las familias.
Esta medida fue interpuesta en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps. La decisión del juez está vinculada con programas como el plan Argentina contra el Hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios.
Desde el CELS y UTEP explicaron que “estos son los planes que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la información que se incorporó en el expediente”. La medida cautelar había sido reclamada también por la defensora Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada.
Desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios denunciaron que dejaron de recibir mercadería, mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social. Por esta razón, en febrero la UTEP y el CELS presentaron un amparo colectivo y reclamaron una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios. (Agencia OPI Santa Cruz)