Raúl Imparado, expresidente de la empresa Dayfe S.A., que trató durante 15 años residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas, aseguró que Barrick y Ambiente saben muy bien cómo es la ley, cómo es el tratamiento de estos residuos y dónde termina.
Por: Alejandro Pellegrinuzzi
Las cenizas tóxicas de la minería siguen estando en el Parque Industrial de Chimbas, en las mismas condiciones, en contraposición a lo que dice la ley de Residuos Peligrosos.
A dos meses de que se conociera, a través de un informe de DIARIO HUARPE, que en el Parque Industrial de Chimbas hay, desde hace años, más de 1.000 toneladas de cenizas tóxicas de la minería acumuladas a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni resguardo ambiental, Raúl Imparado, expresidente de la empresa Dayfe S.A., que trató durante 15 años residuos peligrosos en el lugar, este miércoles (24 de julio), pasó por el programa Café de la Política y no se guardó nada. Habló de la ley de residuos peligrosos, de las trabas, favoritismo y complicidades que hay en el negocio, de enterramientos ilegales de residuos peligrosos, de la capacidad operativa, de responsables y culpables.
“Barrick y Ambiente saben muy bien cómo es la ley, cómo es el tratamiento de estos residuos y dónde termina”, aseveró, apuntando a lo que sucedió durante las gestiones pasadas de José Luis Gioja y Sergio Uñac.
En la charla, que se extendió por casi una hora en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 12, por Huarpe TV que sale en el 19.2 de la TDA, YouTube y Kick, el empresario aseguró que “ellos (Ndr: por Barrick y Ambiente) no respetaron ni respetan la ley”, y tampoco “hicieron nada” ante esta problemática ambiental, que se arrastra desde hace más de 20 años. Un periodo en el que gobernó 12 años José Luis Gioja, 8 años Sergio Uñac y casi 20 años Raúl Tello al frente de Ambiente.
De entrada, Imparado contó que ellos como empresa nunca quisieron instalarse en el Parque Industrial de Chimbas, porque les parecía que estaba muy poblado. Ellos proponían montar su empresa en el departamento de Iglesia, pero no los dejaron. “Medio Ambiente no nos dejó”, aseveró.
Quien fuera presidente de Dayfe S.A., (la firma ya no existe como tal) también contó que tuvo que vender en el 2019 todas sus acciones a la empresa Bio Cordillerana (que hoy preside Sergio Vallejos), porque no lo dejaban trabajar. Además, dijo que fue perseguido y amenazado por denunciar y ajustarse a la ley.
“Te daban un montón de condicionantes que eran imposibles de cumplir. Nosotros veníamos trabajando muy bien, y en el medio (2010, 2011), hubo una licitación importante y se la dieron a Tecma, y quedamos fuera del circuito”, contó.
¿De quién son las cenizas?
A la hora de responder esta pregunta, Imparado fue categórico: “El responsable del residuo peligroso es el generador. La ley lo dice claramente. El que genera el residuo peligroso es responsable hasta la tumba, hasta la disposición final en el relleno de seguridad de ese residuo”.
El empresario explicó que las empresas que hacen el tratamiento del residuo peligroso, solo otorga el certificado de destrucción, no de disposición final. “El certificado de disposición final lo entrega la empresa que tiene a cargo el relleno de seguridad”, manifestó. Es decir, hasta que el generador no tiene ese certificado, el proceso que exige la ley no se cierra y el responsable sigue siendo el generador. “Es más”, agregó, “yo he tenido muchas discusiones con Barrick por este tema”.
Imparado aclaró que, en los contratos que firman las empresas que tratan los residuos peligrosos, con el generador de dicho residuo, nunca se incluye el traslado al relleno de seguridad para la disposición final del residuo.
“A la empresa que contrata el servicio se le entrega un certificado de destrucción, no un certificado de disposición final. Esa responsabilidad es de la empresa que genera el residuo, no de quien lo trata”, aseguró.
Complicidades políticas
En la charla, Imparado dijo que tanto la gestión de José Luis Gioja como la de Sergio Uñac, deberían haber hecho algo para solucionar este problema: “Ellos no hicieron nada, lo deberían haber hecho. O deberían haber dejado que alguna empresa haga un relleno de seguridad en San Juan para depositar estos residuos peligrosos”.
“Nosotros, en el gobierno de Gioja presentamos un proyecto, y no nos dejaron”, aseveró, “Medio Ambiente tiene un sistema bastante complicado para el otorgamiento del certificado anual para que una empresa de estas características pueda trabajar con los residuos peligrosos. Te ponen un montón de condicionamientos, pero depende de la empresa qué condición te ponen. Acá hay un tema muy politizado con las empresas. Averigüen quienes son los dueños de las empresas y se van a dar cuenta. Está muy politizado todo esto”.
Enterramientos ilegales
El empresario también se expresó sobre la denuncia que se realizó en el 2013, por enterramientos de residuos peligrosos, sin tratar en el Parque Industrial de Chimbas, y que tenía como responsables a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Tecma San Juan S.A. y Maxiklak S.A.; a la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. (por el proyecto Pascua Lama); a la empresa Minera Argentina Gold S.A. (por el proyecto Veladero), y a la empresa Monte Verde S.A. (por residuos patogénicos).
“Nosotros nos enteramos por un video que estaba en YouTube. Fuimos a reclamar a Ambiente si había alguna investigación o algo, y no encontramos absolutamente nada. El video es muy claro y Ambiente debería haber investigado”, dijo Imparado.
Ante la pregunta de por qué no se investigó, el ex empresario no dudó en afirmar que hubo complicidad. “La política juega fuerte”, afirmó y seguido agregó: “Hubo muchos rumores de que hay enterrados en otros lugares residuos peligrosos sin tratar”.
Cabe recordar que la denuncia del 2013, que se hizo en la Defensoría del Pueblo, en la Secretaría de Ambiente, en la Justicia provincial y Federal, sigue sin resolución ni sentencia.
“Esa causa estuvo manejada políticamente, porque había un abogado que cumplía triple función… el doctor Pontoriero. Abogado de Gioja, abogado de Tecma y abogado de Barrick. Esto está en los papeles, está en la documentación”, aseveró Imparado.
Negocio de millones
Respecto de sí el rubro del tratamiento de residuos peligrosos es un negocio rentable, Imparado aseguró categórico: “Es muy rentable, muy bueno”. “La licitación del 2010, 2011, que se la dieron a Tecma para que tratara durante un año los residuos peligrosos de Pascua Lama, fue de 29 millones de dólares. Un negocio muy grande, muy atractivo”.
Declaración de impacto ambiental
Con relación a que Barrick no está cumpliendo con el certificado de disposición final de sus residuos peligrosos, requisito que se exige en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), manifestó que él entiende que la DIA no se está cumpliendo. “Es más”, dijo “nosotros pensábamos que para ellos era muy importante el tratamiento de residuos peligrosos. Pero, evidentemente, no era tan importante, solo era un ítem más. Y estos certificados sí son muy importantes. Es un tema complicado”, agregó.
Capacidad operativa
Por último, en la charla de café se habló sobre la capacidad operativa que tiene San Juan, en referencia al tratamiento de residuos peligrosos y frente a los posibles proyectos mineros e industriales que pueden llegar con las flexibilidades que ofrece el RIGI.
“Si van a venir más proyectos mineros, va a faltar capacidad operativa para tratar los residuos peligrosos”, explicó Imparado.”Por eso creo que hay que pensar en hacer un relleno de seguridad en la provincia”, concluyó.
Memoria
Vale recordar que fue el 16 de mayo cuando DIARIO HUARPE publicó el informe, después de enterarse de que los representantes de las tres empresas habilitadas que operan estos residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas (Tecma, Eco San Juan y BioCordillerana), se habían reunido con las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de San Juan para decirles que “ya no sabían qué hacer con el pasivo minero acumulado por más de 20 años”.
Ante este dato, DIARIO HUARPE fue hasta el Parque Industrial de Chimbas para conocer la dimensión de la problemática y en el lugar pudo constatar que las cenizas estaban acopiadas, según la empresa, en contenedores de acero, en tambores de 200 litros y otras, directamente en el suelo, a la intemperie, sin ningún tipo protección ni resguardo ambiental.
Frente a esta realidad, el primero de los funcionarios del gobierno provincial que salió a responder sobre la situación, fue el Secretario de Ambiente, Federico Ríos, y luego el gobernador Marcelo Orrego.
Ríos, aseguró que el Gobierno se iba a ocupar del tema, “por la magnitud del problema”, y que no iban a parar “hasta encontrar la solución definitiva”. Y a los días, en rueda de prensa, Marcelo Orrego manifestó que “este era un problema que tiene más de 30 años”, y que ellos “no tienen las manos mágicas”, en referencia a que su gestión llevaba apenas cinco meses y no podían resolver en un solo día, todo lo que pasó en las gestiones anteriores.
Como el tema conmovió a la sociedad sanjuanina, el diputado por el departamento de Chimbas, Gabriel Sánchez, contó a este medio que tras la publicación de DIARIO HUARPE, el 20 de mayo de este año, presentó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados de San Juan, un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Hacienda, a la secretaría de Estado y Ambiente, al Ministerio de Producción y Trabajo, y a la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, que especifiquen cuál es la situación. Lo cierto es que, a más de dos meses de que el tema saliera a la luz, las cenizas tóxicas de la minería siguen estando en el Parque Industrial de Chimbas, en las mismas condiciones, en contraposición a lo que dice, en términos de fiscalización y cumplimiento, la ley de Residuos Peligrosos Nacional, a la que la provincia adhirió en 1995. (Diario Huarpe)
