Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, destacó hoy la importancia de que el Gobierno nacional responda rápidamente a la consulta abierta por la jueza estadounidense Loretta Preska, que podría derivar en un giro favorable para la Argentina en la demanda por la privatización de YPF. El legislador hizo un llamado a la acción en su cuenta de la red social X, señalando que la fecha límite para responder es el 25 de febrero.
“Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares“, escribió Ferraro.
La cuestión gira en torno a una posible revisión del fallo que obliga al Estado argentino a pagar una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares al fondo estadounidense Burford, derivada del proceso de estatización de YPF en 2008. Según publicó el matutino Clarín, la jueza Preska abrió una consulta a las partes del proceso para examinar una denuncia relacionada con el caso, que podría llevarla a anular su fallo.
“La Argentina tiene tiempo hasta este martes para responder al tribunal“, indicó Ferraro, destacando la urgencia en la situación y la importancia de que el Gobierno actúe con responsabilidad. La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, también se sumó a la solicitud, expresando sus expectativas de que la respuesta del gobierno pueda llevar a la anulación del fallo y, de ser así, representar un ahorro significativo para el país.
Campagnoli puntualizó que la denuncia de la ONG Republican Action for Argentina se basa en la información presentada por Elisa Carrió en 2006 sobre el vaciamiento de YPF y un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2018. Según la diputada, esta nueva información podría poner en evidencia la inoperancia del juez Lijo en el tratamiento del caso.
El Gobierno tiene hasta el 25 de febrero para responder a la consulta y, de ser favorable la respuesta, se abriría la posibilidad de que el fallo que obliga a la Argentina a pagar la deuda sea revocado, lo que representaría un respiro económico importante para el país. (Agencia OPI Santa Cruz)