La defensa de la ex vicepresidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, presentará mañana un recurso de “queja” ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de obtener su absolución en la conocida “Causa Vialidad“. Este recurso es el último intento legal de la ex mandataria, representada por el abogado Carlos Beraldi, para revertir la condena de seis años de prisión por fraude contra la administración pública. El plazo para presentar este recurso vence el próximo martes 1 de abril.
La presentación ante el máximo tribunal se basa en dos puntos principales: la supuesta vulneración de la garantía de ser juzgada por jueces imparciales e independientes, y la alegación de que el Ministerio Público Fiscal no actuó con la debida objetividad. Si la Corte Suprema decide admitir este recurso, el caso pasará a la Procuración General, dirigida por Eduardo Casal, para que emita un dictamen.
La incertidumbre persiste sobre qué sucederá con este recurso, especialmente después de que la semana pasada la Cámara de Casación Federal rechazara un recurso extraordinario que la defensa de Fernández de Kirchner había presentado previamente. Este rechazo de la Cámara de Casación deja abierta la puerta a la intervención de la Corte Suprema, lo que podría modificar el rumbo de la causa.
En la “Causa Vialidad” se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, relacionadas con el empresario Lázaro Báez. La ex presidenta fue condenada por el tribunal en 2022 por fraude contra la administración pública, aunque la sentencia aún está pendiente de ejecución debido a los recursos legales interpuestos por su defensa.
Este recurso ante la Corte Suprema de Justicia representa el último intento de Cristina Fernández de Kirchner por evitar la condena, y se suma a las múltiples acciones judiciales que la ex mandataria ha emprendido desde que se conocieron los detalles de la causa. Con la fecha límite del 1 de abril, los próximos pasos dependerán de la decisión que tome el máximo tribunal del país. (Agencia OPI Santa Cruz)