La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio hoy el primer paso para revisar la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, al dar vista al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el pedido de la fiscalía de aumentar la pena de 6 a 12 años de prisión. La solicitud fue impulsada por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, quien sostiene que se debe sumar el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta, por el que la ex mandataria ya fue condenada.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esta condena fue confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación, que sin embargo desestimó la imputación por asociación ilícita, lo que motivó que el fiscal Villar recurriera en queja directamente ante el máximo tribunal.
La vista a Casal no tiene plazos establecidos y constituye un paso obligatorio antes de que los jueces de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– decidan si habilitan o no el tratamiento de los recursos de queja directa presentados tanto por el fiscal como por las defensas de los demás condenados y absueltos en el caso. En total, son 17 los recursos que se encuentran en evaluación.
En su presentación, Villar calificó de “arbitraria” la resolución de la Cámara de Casación que confirmó la absolución por asociación ilícita tanto de Cristina Fernández de Kirchner como del empresario Lázaro Báez. Afirmó que esta decisión es “inválida” y vulnera estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción. El fiscal también presentó una queja por la absolución de tres ex funcionarios: Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex integrante de Vialidad de Santa Cruz.
Según Villar, la causa Vialidad es un caso con implicancias que “comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino“, por lo cual subrayó que existe un “interés institucional” que justifica la intervención de la Corte. Si los recursos de queja son rechazados, las condenas dictadas en el juicio oral quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse. (Agencia OPI Santa Cruz)