El secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, respaldó este lunes el fallo judicial que suspendió la aplicación del decreto 340/25, impulsado por el Poder Ejecutivo, que pretendía ampliar la definición de actividades esenciales y limitar el derecho a huelga. El dirigente sindical calificó la iniciativa oficial como “un horror” y la comparó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que también fue declarado inconstitucional.
Rodríguez remarcó que el derecho a huelga “está garantizado por la Constitución Nacional” y por tratados internacionales ratificados por la Argentina, y destacó que la normativa vigente contempla excepciones en servicios críticos como hospitales o algunos niveles del sistema educativo. A su entender, el decreto suspendido buscaba imponer restricciones que violaban garantías básicas del sistema democrático.
En declaraciones radiales, el dirigente de UPCN criticó duramente la orientación económica del gobierno de Javier Milei, al que calificó como “una gestión pésima” con un objetivo deliberado de “destruir los salarios”. Rodríguez sostuvo que la estrategia oficial se basa en un dólar controlado y una caída del poder adquisitivo, lo cual, según sus palabras, “tiene una duración bastante corta”, anticipando reacciones sociales y sindicales como las registradas recientemente en el Hospital Garrahan.
El sindicalista también denunció la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo. “La CGT ha buscado en varias ocasiones el consenso y la negociación, pero las promesas que se hacen en la mesa de diálogo no se cumplen”, señaló, y advirtió que si no se produce un cambio de rumbo, “los planes de acción sindical van a seguir recrudeciendo”.
Otro punto de fuerte cuestionamiento fue la política oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% mensual. Rodríguez subrayó que se trata de “un incumplimiento absoluto de lo que significa una negociación colectiva”, y sostuvo que una vez que hay acuerdo entre las partes, “el Estado no puede interferir de forma unilateral”.
El fallo judicial que detuvo la aplicación del decreto 340/25 fue considerado un respaldo a las organizaciones sindicales, que ya habían advertido sobre su inconstitucionalidad y se preparaban para un nuevo conflicto legal y gremial si la medida se implementaba. (Agencia OPI Santa Cruz)