El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 382/2025 publicado en el Boletín Oficial, la conformación del Consejo de Mayo, un órgano que había sido anunciado por el presidente Javier Milei el 9 de julio del año pasado como parte del Pacto de Mayo. La medida, que llega tras casi 300 días de demora, establece formalmente la operatividad del Consejo, aunque aún no se fijó una fecha para su primera convocatoria.
El Consejo de Mayo fue concebido como una instancia de articulación política e institucional para debatir y diseñar propuestas legislativas y administrativas en línea con los diez puntos del Pacto de Mayo, cuyo cumplimiento estaba supeditado a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Ambos proyectos, considerados pilares del programa de reformas estructurales del gobierno libertario, fueron finalmente aprobados por el Congreso, allanando el camino para este paso.
Según lo informado por Casa Rosada, el Consejo estará integrado por seis representantes de distintos sectores institucionales y sociales, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En representación del Poder Ejecutivo se designó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos clave del programa económico del oficialismo. Por las provincias, el consejero será el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de perfil dialoguista y cercano al esquema libertario.
El Poder Legislativo también tendrá dos representantes: la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta, y el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, en representación de la Cámara de Diputados. Ambos legisladores han mantenido una relación de cooperación con el gobierno nacional, en el marco de la reconfiguración de alianzas políticas que impulsó La Libertad Avanza.
El ámbito sindical estará representado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, dirigente con acceso al círculo presidencial, mientras que el sector empresario será encabezado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, referente de uno de los gremios empresariales más influyentes del país.
El decreto también establece que ni los consejeros ni los cargos técnicos del Consejo percibirán honorarios ni remuneración alguna por su participación, en línea con el discurso de austeridad fiscal que sostiene la administración de Javier Milei.
Desde el Ejecutivo subrayaron que esta designación reafirma su “compromiso con el diálogo institucional y la construcción de consensos intersectoriales”, con el objetivo de avanzar hacia “una transformación estructural del país, estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible para todos los argentinos”. (Agencia OPI Santa Cruz)