El proyecto de ley de “principio de inocencia fiscal” ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados tras su presentación por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa propone una serie de modificaciones al Régimen Penal Tributario con el objetivo de flexibilizar los mecanismos de control fiscal y facilitar la incorporación de fondos no declarados a la economía formal.
Entre los principales cambios, se destaca la suba del umbral mínimo que habilita la investigación penal por evasión simple, que pasaría de $1.500.000 a $100.000.000. En el caso de evasión agravada, el monto requerido para abrir una causa se eleva de $15 millones a $1.000 millones. A su vez, el proyecto propone reducir el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
La Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas (ARCA) —organismo recaudador que reemplazó a la AFIP— no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela las deudas y los intereses correspondientes, aunque este beneficio será aplicable una sola vez por persona. Si la denuncia aún no fue radicada, podrá extinguirse si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la imputación, con un pago adicional del 50%.
En contrapartida, se prevé un aumento en las sanciones económicas por la presentación fuera de término de declaraciones juradas, lo que busca reforzar ciertos incentivos para la presentación en tiempo y forma.
Una de las novedades más relevantes es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que según el Gobierno “blinda para siempre” a los contribuyentes adheridos. Este sistema establece que quienes tengan un patrimonio de hasta $10.000 millones podrán ingresar al régimen, con el beneficio de tributar exclusivamente sobre lo facturado, sin obligación de informar aumentos patrimoniales ni consumos, los cuales tampoco serán objeto de fiscalización.
El artículo 39 del proyecto establece que si el contribuyente acepta la declaración propuesta por ARCA y realiza el pago correspondiente en término, este tendrá efecto liberatorio, excepto en los casos en los que se hayan omitido ingresos.
Además, se busca unificar a nivel nacional los plazos de prescripción para tributos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales quedarán regidos por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal. De esta manera, se eliminan las autonomías jurisdiccionales en la materia y se estandariza el régimen para todo el país.
El proyecto también incluye una reducción del plazo de prescripción de 10 a 5 años en materia de seguridad social y obras sociales, lo que implica que el fisco tendrá la mitad del tiempo actual para reclamar deudas en este rubro. Pasado ese período, se extinguirán automáticamente las acciones penales iniciadas por ARCA contra los contribuyentes.
Con este paquete, el oficialismo apunta a fomentar el blanqueo de capitales y a descomprimir la carga administrativa y penal para personas físicas y empresas, en línea con una política de apertura económica que busca atraer inversiones y repatriar fondos no declarados. (Agencia OPI Santa Cruz)