La vitivinicultura argentina enfrenta una presión impositiva creciente que, al compararse con países de la región como Chile, resulta notablemente más alta. Según un informe elaborado por los economistas Alejandro Trapé y Juan Pott Godoy, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la carga tributaria vigente en 2025 representa el 57,1% del excedente puro de producción en una finca y el 62,4% en una bodega. En ambos casos, la proporción de impuestos es prácticamente el doble de lo que se paga en Chile.
Este estudio, solicitado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), analiza el impacto fiscal real sobre las empresas vitivinícolas, calculando la carga impositiva como la relación entre el total de tributos y el excedente de explotación puro empresario, es decir, los ingresos menos los costos netos de impuestos.
El informe distingue entre explotaciones primarias —que abarcan sólo la producción de uva— y explotaciones integradas, que incluyen la elaboración y comercialización del vino. También se diferencian fincas y bodegas según su escala, lo que revela que, mientras una finca grande tributa el 53,6% de su excedente, una pequeña llega al 61,2%. En el caso de las bodegas, las pequeñas soportan una carga del 63,4%, frente al 58,4% de las grandes.
Uno de los ejemplos más ilustrativos del estudio refiere a una bodega mendocina integrada, es decir, con finca propia. En este caso, el 81% de sus ingresos totales se destina a costos de producción, venta y administración, quedando un resultado empresario del 19%. Sobre ese excedente, los impuestos se llevan el 62,4%, lo que limita seriamente la rentabilidad del negocio.
Desde que comenzó a medirse en 2017, la carga fiscal en la vitivinicultura argentina no ha hecho más que aumentar. En ese año, una finca tributaba el 45% del excedente y una bodega el 58%. Ocho años después, esos valores treparon al 57,1% y 62,4%, respectivamente. Estas cifras superan con holgura no solo el promedio de presión impositiva para las actividades económicas de Mendoza (39%) y del país (37,7%), sino también la de Brasil (40,4%) y la de Chile (20,8%).
En el caso chileno, los tributos que debe afrontar una finca representan el 33,3% del excedente, y para una bodega el 42,4%. Esta diferencia impositiva —más de 20 puntos porcentuales— le otorga al sector vitivinícola chileno una ventaja competitiva considerable frente a sus pares argentinos.
El trabajo también identifica los tributos que más contribuyen a la presión fiscal sobre el sector. En una bodega con finca propia en Mendoza, el impuesto a las Ganancias representa 20,8 puntos de la carga total, seguido por los impuestos al trabajo (17,1%) y el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque” (10,9%). Más atrás, con una participación de 3,4 puntos, aparece Ingresos Brutos, un tributo de carácter provincial.
En conjunto, estos tributos nacionales absorben casi la totalidad del excedente de las empresas, restando márgenes para reinversión y desarrollo. Con esta radiografía fiscal, la vitivinicultura argentina se ve cada vez más condicionada en su capacidad de competir a nivel internacional, mientras que las ventajas impositivas en países vecinos consolidan un entorno más favorable para su expansión. (Agencia OPI Santa Cruz)