La Fiscalía de Brasil solicitó este martes a la Corte Suprema la condena del expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del exmandatario irrumpieron violentamente en el Congreso Nacional tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. El Ministerio Público acusa al líder ultraderechista de haber integrado una “organización criminal armada” con el objetivo de ejecutar un “golpe de Estado” para impedir la transferencia democrática del poder.
El pedido fue formalizado por la Procuraduría General de la República luego de varias rondas de declaraciones testimoniales, y sostiene que Bolsonaro, junto a siete de sus excolaboradores más cercanos, planificó y promovió acciones destinadas a alterar por la fuerza el orden constitucional brasileño. Entre los delitos imputados figuran tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño al patrimonio público y asociación criminal, según detalla el documento presentado ante el Supremo Tribunal Federal.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión. La causa quedó en manos del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, quien ya ha intervenido en procesos vinculados a la desinformación electoral y al uso de redes sociales para promover discursos de odio. La figura de Moraes ha sido blanco de críticas de sectores conservadores y se encuentra también bajo presión internacional, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump calificara el proceso judicial contra Bolsonaro como “una cacería de brujas”.
En respuesta a esa postura, Trump anunció un arancel del 50% sobre productos brasileños que comenzará a regir el 1° de agosto. La medida generó una inmediata reacción diplomática del gobierno de Brasil, que convocó al encargado de negocios de la embajada estadounidense en Brasilia, Gabriel Escobar, para exigir explicaciones oficiales sobre la postura de Washington. El presidente Lula da Silva denunció públicamente una “injerencia” de Trump en los asuntos internos de Brasil y advirtió que su administración evalúa aplicar aranceles de reciprocidad a importaciones procedentes de Estados Unidos si no se revierte la decisión.
Lula también vinculó la actitud del exmandatario estadounidense a la influencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, quien reside actualmente en Estados Unidos y trabaja activamente para obtener respaldo internacional a favor de su padre, de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Jair Bolsonaro, de 70 años, continúa siendo la figura más influyente de la derecha brasileña, a pesar de su inhabilitación política por haber cuestionado, sin pruebas, la legitimidad del sistema de votación electrónica.
Durante el proceso, el general Marco Antonio Freire Gomes, exjefe del Ejército, declaró que el expresidente le propuso establecer un “estado de defensa o sitio” para desconocer los resultados de las elecciones y convocar a nuevos comicios. Según la Fiscalía, el intento de ruptura institucional fracasó debido a la falta de apoyo de los altos mandos militares, que se negaron a convalidar el plan impulsado desde la presidencia. (Agencia OPI Santa Cruz)