Familiares, personas con discapacidad y trabajadores del sector se movilizaron en rechazo al veto del gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta central tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, y se replicó en diversas plazas de todo el país.
La concentración en la capital comenzó a las 11:30 de la mañana. Aunque las fuerzas de seguridad rodearon el área y hubo un momento de tensión, la situación se disipó rápidamente. De forma paralela a la manifestación, profesionales del área suspendieron sus actividades en un acto de repudio a la situación de crisis que atraviesa el sector.
Fernando Arias, padre de un niño con discapacidad, expresó la desesperación que atraviesan las familias y criticó la postura del Gobierno, señaló que para las autoridades y sus votantes, la inclusión y la vida de su hijo no parecen ser “un tema importante” y que el Estado ha dejado de ser un “vector de justicia social” en estas situaciones. Arias comparó la situación del sector con la de los jubilados y la atención pública en general.
El padre de Manuel, un niño de 5 años con epilepsia, retraso en el desarrollo y discapacidad motriz, detalló que el costo mensual de las terapias y medicaciones de su hijo se estima en 6.000 dólares, un valor que ha aumentado. Si bien su hijo cuenta con cobertura médica, Arias subrayó que el sistema de nomencladores es el mismo para todos, lo que provoca que las prestaciones se resientan. En este contexto, afirmó que algunas terapias ya están experimentando reducciones de días y solo quienes tienen la capacidad económica de pagarlas de forma privada pueden sostenerlas.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las organizaciones que participaron en la movilización, cuestionó que el verdadero desafío del oficialismo debería ser construir una sociedad más “justa” donde nadie quede “excluido ni solo“. La entidad advirtió sobre las múltiples realidades que abarca la emergencia del sector, mencionando los bajos salarios de quienes trabajan en talleres protegidos, que perciben apenas 28.000 pesos mensuales, y la vulnerabilidad de las personas que esperan acceder a una pensión o a un acompañamiento integral. Concluyó que los aranceles actuales no cubren los costos básicos de funcionamiento, lo que pone a muchos prestadores al borde del cierre. (Agencia OPI Santa Cruz)
Estos libertarios parecen nazis, no se puede creer que ajusten con las prestaciones a las personas con discapacidad.