La Cámara de Diputados de la Nación retomará este martes el debate de diversos proyectos de la oposición que solicitan pedidos de informes a funcionarios del Gobierno nacional, a raíz del escándalo por presuntos pedidos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
A las 12 horas, la comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el legislador de Unión por la Patria (UxP) Pablo Yedlin, se reunirá para analizar una primera serie de iniciativas. Luego, a las 14, la Comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo, también de UxP, dará tratamiento a un segundo bloque de proyectos relacionados con el mismo tema.
Los pedidos de informes fueron presentados por diputados de diferentes bloques, incluyendo a Sabrina Selva, Guillermo Casas, Andrea Freites y Eduardo Valdés de Unión por la Patria; Oscar Agost Carreño y Esteban Paulón de Encuentro Federal; Christian Castillo del Frente de Izquierda; y Ricardo López Murphy de Republicanos.
El escándalo se originó por la difusión de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se expondría un supuesto esquema de recaudación ilegal. La situación ha dejado a la Casa Rosada sin una respuesta oficial contundente hasta el momento. La falta de explicaciones se acentuó la semana pasada, cuando el ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, no se presentaron a un plenario de comisiones al que habían sido citados de urgencia para dar explicaciones.
En un primer momento, el presidente Javier Milei se limitó a respaldar los argumentos de la Droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, que a través de un comunicado se desentendió de cualquier responsabilidad, a pesar de haber sido señalada en las filtraciones como la centralizadora de los supuestos sobornos.
En las últimas horas, tanto el Presidente como el vocero presidencial, Manuel Adorni, han adoptado una nueva estrategia. Adorni publicó un mensaje en X, compartido por el mandatario, que sostiene que los audios de Spagnuolo son parte de “una operación de inteligencia ilegal” orquestada para “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. El vocero presidencial amplió este concepto al afirmar que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. (Agencia OPI Santa Cruz)