Un informe pericial confirmó una noticia clave en la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según revelaron fuentes judiciales, los mensajes que fueron eliminados del teléfono celular de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y antiguo abogado del presidente, no podrán ser recuperados. Esta situación representa un obstáculo significativo para la investigación que llevan adelante el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
Los peritos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) determinaron que la forma en que se borraron las conversaciones del dispositivo impide cualquier tipo de recuperación técnica. Entre el material perdido se encontraban diálogos que Spagnuolo mantuvo con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El teléfono en cuestión fue uno de los dos que el ex funcionario entregó voluntariamente a la justicia.
En el marco de la investigación, también se secuestró un segundo celular en un operativo realizado en el domicilio de Spagnuolo en Pilar, pero el mismo se encontraba sin uso y no contenía información relevante para la causa. Mientras tanto, el juez Casanello dispuso extender por otros diez días hábiles el secreto de sumario para avanzar con otras medidas de prueba sin entorpecer el proceso.
En los próximos días, los especialistas comenzarán a analizar los dispositivos incautados a otros imputados en el caso. Se trata de los teléfonos pertenecientes a Eduardo y Jonathan Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y a Daniel Garbellini, otro ex funcionario de la ANDIS.
Sin embargo, el peritaje sobre el celular de Emmanuel Kovalivker, también investigado, no pudo realizarse. Debido a que es un equipo de última generación, los peritos no lograron acceder a su contenido porque el imputado no proporcionó la clave de acceso.
Paralelamente, el juez Casanello debe resolver los pedidos de nulidad de la causa que fueron presentados por el abogado Martín Magram, quien ejerce la defensa de la familia Kovalivker. (Agencia OPI Santa Cruz)