(OPI TdF) – La Municipalidad de Ushuaia, con la asistencia de la Policía de la Provincia, desarticuló una ocupación irregular en un espacio público en la zona del banderín 20 del KyD, lindero al barrio Esperanza II. El operativo culminó con el desarme de las estructuras precarias y la identificación de 32 personas. El secretario de Gobierno municipal, César Molina, calificó el hecho como “una maniobra con fines políticos” y no “una situación de necesidad real”, enmarcando la acción en la semana previa a las elecciones.
El funcionario detalló que la intervención se inició tras una denuncia al 911, constatando la presencia de un grupo de personas, incluyendo mujeres y niños, en “condiciones muy precarias, viviendo con nylon sobre el suelo” en un predio de bosque y turba que no es apto para la construcción. Tras el diálogo inicial y la lectura de derechos y garantías, se procedió a identificar a los presentes y se iniciaron las actuaciones que fueron remitidas a la Justicia.
El eje de la posición municipal se centró en desacreditar la necesidad habitacional de los ocupantes. Molina aseguró que, tras el cruce de datos, “ninguna de las personas involucradas se encuentra en situación de calle y todas tienen un lugar donde dormir”. Más contundente fue al señalar que “ninguna figura en nuestro padrón de asistencia social”, lo que, según el secretario, refuerza la hipótesis de una “movida política“.
La acusación de intencionalidad política se consolidó, según el municipio, al detectar que algunos de los ocupantes ya tenían un trámite de tierras avanzado. “Se detectaron casos de vecinos que ya cuentan con decreto de preadjudicación, lo que evidencia que hay otra intencionalidad detrás de la toma, que nada tiene que ver con la necesidad de acceso a la vivienda”, afirmó Molina. El funcionario diferenció esta acción de los procedimientos formales, indicando que la Secretaría de Hábitat “continúa trabajando en garantizar el acceso a la vivienda de manera ordenada y transparente, priorizando a los fueguinos y fueguinas que hacen las cosas bien“.
El predio quedó con custodia policial para evitar nuevos intentos de ocupación. César Molina aseguró que el municipio “ejercerá su potestad de resguardar los espacios públicos” y anticipó que se denunciará penalmente a los “referentes que serán denunciados ante la Justicia para esclarecer las responsabilidades y las vinculaciones detrás de esta maniobra“. “No vamos a permitir que se exponga así a las familias ni que se avance sobre espacios que deben ser preservados“, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)