La llegada del Grupo de Ataque del portaaviones Gerald R. Ford al mar Caribe marca un punto de inflexión en la estrategia de proyección de fuerza de los Estados Unidos en la región, elevando el despliegue militar a más de 15.000 efectivos, la mayor concentración registrada en las últimas tres décadas. Esta maniobra, justificada oficialmente por el Comando Sur y el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, como un esfuerzo para desarticular organizaciones criminales transnacionales, ocurre en un contexto de alta letalidad: desde principios de septiembre, ataques militares estadounidenses contra 20 embarcaciones han dejado un saldo de al menos 76 muertos. La gravedad de estos hechos se acentúa ante la falta de evidencia presentada por Washington que vincule fehacientemente a los objetivos abatidos con el narcotráfico, sumado a la admisión de funcionarios del Pentágono en una sesión informativa del 30 de octubre sobre el desconocimiento de las identidades de las víctimas.
La respuesta de Venezuela ante lo que considera una amenaza imperial no se hizo esperar, ordenando una concentración militar a gran escala que involucró a 200.000 soldados en ejercicios defensivos. Mientras el presidente Nicolás Maduro denuncia que las acciones de Washington buscan su derrocamiento y la expansión de la influencia militar en América Latina, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó las operaciones navales como asesinatos de personas indefensas sin el debido proceso. Esta postura es respaldada por expertos en derechos humanos que advierten que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, independientemente de si los objetivos son traficantes o no, elevando el riesgo de que la fricción actual desencadene un conflicto total en la zona.
El escenario de confrontación se extiende a las relaciones con Colombia, deterioradas tras las sanciones impuestas el 24 de octubre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, a quien la administración de Donald Trump acusa de permitir la prosperidad de los cárteles. Petro, por su parte, argumenta que la política antidroga es utilizada como un pretexto para justificar el uso de la fuerza y asegurar el control sobre las reservas de petróleo de la región. La preocupación por la estabilidad hemisférica quedó plasmada en la reciente cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea en Santa Marta, donde se emitió una declaración conjunta rechazando la amenaza o el uso de la fuerza.
La legitimidad de las operaciones estadounidenses enfrenta un severo cuestionamiento en la arena diplomática internacional, trascendiendo el ámbito regional. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, señaló durante la reunión del Grupo de los Siete en Canadá que estas acciones militares violan el derecho internacional, una crítica que converger con la postura de Rusia, cuyo canciller Sergei Lavrov tildó los ataques como propios de países que operan al margen de la ley. La convergencia de un despliegue naval sin precedentes, la ejecución de operativos letales con inteligencia incompleta y la condena de actores globales configuran un escenario de extrema volatilidad que pone a prueba la soberanía y la seguridad en el Caribe. (Agencia OPI Santa Cruz)