La orden de prisión preventiva ejecutada este sábado en Brasilia contra el expresidente Jair Bolsonaro responde a una maniobra detectada por el Centro de Monitoreo Integrado, el cual reportó una violación del equipamiento de rastreo a las 00:08 hora local. Según lo establecido por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, el exmandatario intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, acción que fue interpretada judicialmente como un indicativo directo de riesgo de fuga inminente. La medida, basada en informes técnicos, busca neutralizar la posibilidad de evasión y asegurar el sometimiento del imputado a la autoridad judicial.
En su fallo, el magistrado De Moraes argumentó que la manipulación del dispositivo confirmaba la intención del acusado de inutilizar el mecanismo de control para asegurar su huida, un plan que se vería facilitado por el tumulto derivado de una vigilia convocada frente a su residencia por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado. El juez hizo hincapié en la repetición de un modus operandi caracterizado por la movilización de simpatizantes para generar confusión y obstruir el accionar de la justicia, citando como antecedentes inmediatos la fuga al exterior de otros integrantes del círculo íntimo del bolsonarismo, como los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro, para evadir sus responsabilidades legales.
La defensa legal del expresidente, quien ya se encontraba bajo régimen de prisión domiciliaria por el incumplimiento previo de medidas cautelares, manifestó su profunda perplejidad ante la nueva disposición y adelantó la presentación de un recurso ante el Supremo. Los abogados sostienen que la detención en un centro penitenciario pone en riesgo la vida de su cliente debido a las secuelas del atentado sufrido en 2018 y otros problemas de salud, al tiempo que cuestionaron que la decisión judicial utilice como fundamento la realización de una vigilia de oraciones, argumentando que la Constitución garantiza el derecho de reunión y la libertad religiosa de los ciudadanos.
Esta detención preventiva no constituye el inicio del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel que Bolsonaro recibió en septiembre, sino que se trata de una medida cautelar específica diseñada para garantizar el orden público y la aplicación de la ley penal hasta nuevo aviso. La decisión judicial subraya la necesidad de asegurar el proceso frente a lo que el tribunal considera maniobras deliberadas para evadir la responsabilidad penal, estableciendo un control estricto sobre las acciones del exmandatario más allá de la sentencia de fondo que pesa sobre él. (Agencia OPI Santa Cruz)