El ex presidente de Bolivia Luis Arce Catacora fue aprehendido este miércoles en la ciudad de La Paz en el marco de una investigación judicial por corrupción vinculada al caso del Fondo Indígena. La detención del exmandatario, quien gobernó el país entre los años 2020 y 2025, marca un punto de inflexión en la coyuntura regional y fue ejecutada bajo acusaciones que se remontan a su gestión como titular del Ministerio de Economía. El operativo se llevó a cabo en el barrio de Sopocachi y culminó con el traslado de Arce a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a bordo de una vagoneta blanca cerca de las 15:00 hora local, donde fue derivado a la unidad anticorrupción para prestar declaración.
La confirmación del procedimiento estuvo a cargo de la exministra de la Presidencia María Nela Prada, quien cuestionó severamente la legalidad del accionar de la Fiscalía y calificó el hecho como un secuestro. Según la denuncia pública de la exfuncionaria, el operativo careció de las garantías procesales básicas, ya que no existió notificación previa ni información oficial sobre el destino del detenido, además de impedirse la presencia de familiares durante la intervención. Ante la falta de comunicación por parte de las autoridades, Prada se dirigió a las dependencias de la Fiscalía General del Estado para intentar localizar al exjefe de Estado y alertar a la comunidad internacional sobre las presuntas irregularidades en la detención.
El expediente judicial que motivó la captura profundiza en la responsabilidad administrativa de Arce en el manejo de recursos públicos, sosteniendo que autorizó desembolsos estatales hacia cuentas particulares durante su administración económica. La investigación apunta específicamente a transferencias realizadas a favor de la exdiputada Lidia Patty, quien actualmente cumple prisión preventiva en un penal de mujeres de La Paz. La conexión entre ambos funcionarios sugiere que la justicia avanza sobre una estructura de decisiones que permitió el flujo discrecional de dinero del Fondo Indígena hacia actores políticos afines, consolidando una hipótesis de malversación sistemática de fondos.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido información sobre la imputación formal ni han detallado los próximos pasos procesales que enfrentará el exmandatario. Este episodio se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional y fuerte polarización política tras el reciente cambio de gobierno en Bolivia. La situación se ve agravada por la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza política con la que Arce llegó a la presidencia y de la cual fue posteriormente expulsado, dejando al descubierto las tensiones y disputas de poder que hoy definen el escenario judicial y político del país vecino. (Agencia OPI Santa Cruz)