La justicia ordenó el traslado de Maximiliano Oviedo, de 26 años, a una unidad penitenciaria de la zona norte de Santa Cruz, tras ser procesado con prisión preventiva por el femicidio de Sabrina Ayelén Vega. El crimen, ocurrido el pasado lunes 8 de diciembre, fue inicialmente ocultado tras un incendio intencional en el departamento que habitaba la víctima de 22 años. La causa, que ha generado una profunda conmoción social en la provincia, pone el foco no solo en la extrema violencia del hecho, sino también en las inconsistencias sobre el origen de las directivas judiciales que derivaron en la captura del imputado.
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A pesar de que los informes preliminares de las fuerzas de seguridad indicaron que la detención de Oviedo —realizada por la División de Investigaciones (DDI) en una zona de descampados— respondía a una orden de la Cámara Criminal de la zona norte, la documentación judicial rectifica esta versión. La orden de captura fue emitida por la jueza Jesica Hernández, quien se encuentra al frente del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de manera subrogante. Esta situación administrativa se produce tras la reciente jubilación del magistrado Oldemar Villa, dejando la resolución del caso en manos de una estructura judicial en transición.
La carátula que pesa sobre Oviedo es la de “homicidio doblemente agravado por ser cometido por una persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja y por ser cometido a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género“. La investigación fiscal, liderada por Sergio Poisson, sostiene que el incendio del inmueble no fue un accidente, sino un componente deliberado para encubrir el asesinato de Vega, quien era madre de una niña de 5 años que ha quedado en situación de vulnerabilidad tras el crimen de su progenitora.
Actualmente, el imputado permanece bajo custodia del Servicio Penitenciario en Puerto Deseado, a la espera de la elevación a juicio. El vacío informativo inicial sobre la procedencia de las órdenes de captura y la aparente desconexión entre el relato policial y el expediente judicial de la jueza Hernández, marcan el inicio de un proceso que la sociedad santacruceña sigue con especial atención, en un contexto donde el encubrimiento mediante el fuego añade un agravante de premeditación a la causa. (Agencia OPI Santa Cruz)