(OPI TdF) – La Legislatura sancionó dos paquetes legislativos que alteran el mapa de control de los recursos estratégicos de la isla. Mediante la ratificación del traspaso de activos de la petrolera estatal YPF a la empresa provincial Terra Ignis y la modificación de la Ley 1355 de acuicultura, el Ejecutivo fueguino asume la gestión directa de yacimientos maduros y abre la puerta a nuevas explotaciones marítimas. El gobernador Gustavo Melella defendió la medida como un acto de soberanía económica, asegurando que la provincia se hará cargo de su propio gas y petróleo tras años de pérdida de regalías y recursos productivos en manos de la operadora nacional.
El mandatario provincial calificó el traspaso de los activos de YPF a Terra Ignis como un “gran desafío” que busca frenar la caída de la producción energética. Según Melella, la operación permitirá reactivar la inversión y generar puestos de trabajo genuinos para los fueguinos, otorgando una supuesta previsibilidad al sector hidrocarburífero local. Sin embargo, la apuesta traslada el riesgo operativo y la carga financiera de la extracción de crudo y gas a una estructura estatal provincial, en un contexto donde la eficiencia administrativa y la capacidad técnica de la empresa pública Terra Ignis están bajo la lupa política.
Ante las críticas de sectores legislativos que denunciaron opacidad en el manejo de los datos y en el estado real de la empresa estatal, Melella ensayó una defensa cerrada de la transparencia de su gestión. El Gobernador sostuvo que toda la documentación pertinente fue elevada tanto a la Legislatura como al Tribunal de Cuentas, recordando que el directorio de Terra Ignis cuenta con representación parlamentaria. Pese a estas declaraciones, la tensión por el acceso a la información técnica detallada sobre la viabilidad de los yacimientos cedidos por YPF permanece como el punto más sensible de la relación con la oposición.
En el plano productivo marítimo, la modificación de la Ley 1355 busca diversificar la matriz económica mediante la acuicultura sustentable. Melella intentó distanciarse de la polémica por la instalación de salmoneras —prohibidas por ley en la provincia— al afirmar que el proyecto posee una visión integral que incluye la producción de mejillones, con inversiones proyectadas tanto para Ushuaia como para Río Grande. El Ejecutivo apuesta a que esta actividad se convierta en un nuevo motor de ingresos fiscales que, en última instancia, financien áreas críticas como salud, educación y seguridad, bajo la promesa de una gestión que combine el aprovechamiento económico con la preservación ambiental. (Agencia OPI Tierra del Fuego)