El juez federal Federico Villena ordenó en las últimas horas el allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, actual director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida busca desarticular una presunta red de corrupción vinculada a la provisión de alimentos en mal estado dentro del penal de Ezeiza.
La investigación expone una contradicción flagrante entre el discurso oficial de transparencia y la operatoria detectada. Mientras desde el SPF se asegura el control de los proveedores, el expediente judicial señala una “cartelización”: tras la prohibición de la empresa Foodrush por entregar comida con Escherichia coli, ingresó la firma Bio Limp, que operaba con los mismos camiones y empleados, facturando sumas millonarias a la compañía sancionada.
El celular “perdido”
La tensión escaló durante el operativo cuando Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono móvil. El funcionario entregó inicialmente un aparato en desuso y alegó haber “extraviado” su celular personal esa misma mañana.
El dato técnico mató el relato: un informe de impacto de antenas reveló que el dispositivo supuestamente perdido estuvo activo en Barracas apenas una hora antes del allanamiento. Para el magistrado, esto sugiere que Martínez recibió un aviso previo y descartó el aparato para destruir prueba.
Vínculos con La Salada
El perfil patrimonial y logístico del funcionario, nombrado en marzo de 2024 bajo la gestión de Patricia Bullrich, también quedó bajo observación. Los investigadores detectaron que el director del SPF se movilizaba en una camioneta que figura como secuestrada en una causa penal y cuyo titular es Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada y actualmente prófugo.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del procedimiento, el juez Villena avanza con el respaldo político de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El magistrado, quien llegó a sufrir un cuadro de intoxicación tras probar personalmente la comida del penal, busca probar que estas maniobras responden a “mafias enquistadas” que utilizan testaferros para burlar las sanciones sanitarias y judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)
ESTOS HDPUTA ACORDATE 2 X 3 VAN APERESER MUERTOS EN LOS PENALES ACORDATE, LOS VAN HASER DESAPARESER , DE A 1 AGARRATE EL CULO DESPUES LES VAN A ECHAR LA CULPA A LAS RATAS , QUE SE LOS COMIERON O TALVES SALIERON Y SE LOS COMIO ALGUN YACARE O LEOPARDO, COMO LOAN , SE CUERDA CARNEROSSSSSSSSS,