Tras dos sesiones caídas por falta de quórum y acuerdo parlamentario, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia alcanzó un acuerdo entre los concejales para aprobar este viernes la emergencia económica, administrativa y financiera por un año pedida por el intendente Pablo Carrizo.
Las negociaciones contrarreloj con la oposición parlamentaria permitieron destrabar una nueva emergencia económica, administrativa y financiera en la gestión Carrizo.
Tras haber fracasado la sesión del miércoles, hubo reclamos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) y el concejal kirchnerista Carlos Aparicio para realizar modificaciones al texto original del decreto que firmó el intendente.
El Ejecutivo corrigió la norma con los cambios solicitados por la oposición y la entidad sindical y lo reenvió al Concejo Deliberante.
Sin embargo, el jueves volvió a fracasar la sesión porque no se presentaron los concejales del kirchnerismo Iris Casas, Carlos Aparicio y Juan Curallán.
Sólo estuvieron presentes los concejales del oficialismo Ariel Farías y el presidente Facundo Valverde.
El viernes insistieron con la convocatoria para realizar la sesión de manera virtual donde el oficialismo contó con el voto de la concejal Casas junto a Farías y Valverde, aprobando la emergencia.
En tanto, Aparicio y Curallán votaron contra la iniciativa.
El decreto implica la declaración de la emergencia económica y administrativa en el ámbito de la Municipalidad de Caleta Olivia.
Entre las facultades que le otorga al intendente señala que podrá adoptar medidas que garanticen el funcionamiento de los servicios municipales; dejar sin efecto instrumentos legales, contratos o disposiciones que puedan comprometer el erario o el patrimonio municipal vigentes al 31 de diciembre de 2025; autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar desafectaciones presupuestarias y reordenamientos administrativos; finalizar, desde el 31 de diciembre de 2025, adscripciones y préstamos de personal fuera del ámbito municipal, salvo excepciones justificadas; suspender por un año el ingreso de personal, con excepciones puntuales definidas por decreto. (Agencia OPI Santa Cruz)