(Por: Rubén Lasagno) – Este miércoles entró a la Cámara para ser tratado hoy, el Proyecto de Ley N.° 038, elevado por el Poder Ejecutivo de Santa Cruz y firmado por Javier Santiago Jara, donde se propone una reforma estructural bajo un escenario de “extrema fragilidad fiscal”. El texto declara la emergencia económica, financiera y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
Vamos a analizar el proyecto sintetizando los conceptos más controvertidos y analizando los mismos, aunque el lector puede consultar todo el documento al pie de este informe.
1 – Restricciones Salariales y Paritarias
Este es el punto de mayor conflicto con los sindicatos y con el pueblo en general, porque impactará directamente en el bolsillo de empleado público. El proyecto establece límites severos a la negociación colectiva y a la actualización de haberes, lo cual vamos a clarificar punto por punto.
Prohibición de aumentos automáticos: Queda prohibida la aplicación de cláusulas de indexación o actualizaciones salariales automáticas si no hay recursos financieros “efectivamente disponibles”.

Esta medida ataca directamente a las “cláusulas gatillo” o acuerdos de actualización por IPC (Índice de Precios al Consumidor) que los sindicatos suelen exigir para no perder poder adquisitivo. Ello implica:
2 – La suspensión de derechos adquiridos
Durante la vigencia de la emergencia, se prohíbe la aplicación de incrementos automáticos o cualquier mejora que implique erogaciones permanentes si no hay recursos “efectivamente disponibles”. La restricción afecta tanto a la administración central como a las empresas y sociedades del Estado.
Como Justificación oficial el Ejecutivo argumenta que no puede comprometer obligaciones que no puede financiar, priorizando la sostenibilidad sobre la actualización salarial.
Para los sindicatos, esto significa que el salario deja de ser un derecho alimentario prioritario para convertirse en una variable de ajuste sujeta a la caja diaria del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo dicho y escrito por el propio gobernador Vidal, los únicos que tienen “Derecho alimentario” en Santa Cruz son: Sergio Acevedo, José Antonio González, Gabriel Agüero y Juan de la Vega para quienes el propio gobernador los habilitó a cobrar medio salario como Vocales del STJ, aunque no laburan.
3 – Régimen de “Pasividad anticipada voluntaria”
Aunque se presenta como una transición gradual a la jubilación, este sistema genera controversia por los siguientes aspectos más controvertidos que propone:
Reducción de haberes: el agente deja de prestar servicios pero percibe un haber reducido que va desde el 55% (si le faltan 5 años para jubilarse) hasta el 75% (si le falta 1 año).
Disponibilidad permanente: el trabajador bajo este régimen mantiene la relación de empleo y puede ser convocado a prestar servicios nuevamente si el Estado lo requiere.
Cláusula de caducidad: el beneficio cae automáticamente si el agente inicia reclamos judiciales o administrativos contra la Provincia por su relación laboral.
Nuevas Condiciones Económicas (Haber de Pasividad)
El haber que percibirá el agente a partir de este proyecto, no es su salario completo, sino un porcentaje que disminuye cuanto más lejos esté de la edad jubilatoria
| Tiempo restante para jubilarse | Porcentaje del haber potencial |
| Hasta 1 año | 75% |
| Hasta 2 años | 70% |
| Hasta 3 años | 65% |
| Hasta 4 años | 60% |
| Hasta 5 años | 55% |
Certificación previa de disponibilidad de fondos
Este punto del proyecto introduce un nuevo actor con poder de veto sobre cualquier mesa de negociación colectiva: el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.
Todo acuerdo paritario o decisión administrativa que implique un aumento debe contar con una certificación “previa y expresa” de disponibilidad de recursos emitida por dicho Ministerio, es decir por parte del mismo gobierno.
Instruye al Ministerio de Trabajo a que cualquier compromiso surgido de negociaciones colectivas observe estrictamente esta disponibilidad de recursos, lo cual se constituye en un condicionamiento de las mismas paritarias.
Y otro de los puntos más conflictivos es la autonomía de la negociación colectiva, la cual queda anulada. Aunque el Ministerio de Trabajo y los sindicatos lleguen a un acuerdo, si Economía no firma la certificación, el acuerdo es legalmente nulo o inaplicable según el texto de la ley.
4 – Ajuste en la Planta de Personal y Estructuras
El proyecto otorga facultades extraordinarias para reorganizar el Estado al Ejecutivo entre esas facultades figuran:
Suspensión de ingresos: se prohíbe el ingreso de nuevo personal, salvo excepciones fundadas por el Ejecutivo o en áreas críticas; esto le otorga al gobierno la potestad que entren todos los que ellos quieran y nadie tenga derecho a pedir ingresos de ningún tipo.
Revisión de adicionales: se autoriza a revisar cargos, regímenes de adicionales y compensaciones vigentes. Pero ni el proyecto ni el gobierno aplica un solo renglón a la disminución de los cargos políticos que tiene el Ejecutivo.
Movilidad geográfica y funcional: según el proyecto el Ejecutivo podrá reasignar funciones y destinos de los empleados dentro de su mismo escalafón para “optimizar recursos”. Una forma de anular derechos de los trabajadores y disponer de la estabilidad laboral de la gente, a su real asntojo.
5 – Clasificación y priorización del gasto
En el proyecto se exige a las áreas de Salud, Educación y Seguridad elaborar un “Plan de Priorización de Gastos” en 30 días. La oposición suele cuestionar los criterios para definir qué gastos pueden ser pospuestos, ante el temor de que esto afecte el mantenimiento básico de escuelas u hospitales.
6 – “Armonización” forzosa de incrementos
Bajo el paraguas de las “medidas extraordinarias“, el proyecto de Vidal le otorga al Ejecutivo la facultad de alinear los salarios con la realidad del Tesoro.
El Artículo 3 faculta de forma extraordinaria al Ejecutivo a “armonizar los incrementos salariales con recursos disponibles para su ejecución” y establece que el gasto debe reestructurarse priorizando servicios esenciales (salud, educación, seguridad, previsión social y asistencia), lo que deja a los salarios de otros sectores en una posición secundaria de asignación.
El término “armonizar” es interpretado por la oposición como un eufemismo para imponer techos salariales. Esto permite al Estado desconocer acuerdos previos alegando que no se “armonizan” con la caída de la recaudación o el aumento de otros gastos operativos. Asimismo es visto por los gremios como una vía de hecho para avanzar sobre derechos adquiridos, ya que la Ley de Emergencia se posiciona jerárquicamente por sobre los acuerdos paritarios preexistentes durante su período de vigencia.
El Poder Ejecutivo se adjudica herramientas para modificar condiciones que, en tiempos de normalidad, estarían protegidas por convenios colectivos o leyes específicas, como es:
Conclusión
El proyecto de Emergencia de Claudio Vidal es un arrodillamiento total y definitivo ante el presidente Javier Milei. Sin duda la ayuda nacional y la viabilidad de los proyectos de inversión de parte del jefe de La Libertad Avanza depende del alineamiento total y obsecuente del gobernador con las políticas de restricción y recortes del Presidente y este proyecto va en ese sentido.
El gobierno de Vidal es absolutamente desprolijo, al punto que este proyecto controversial es presentado por un diputado de segunda línea ante la ausencia del gobernador Vidal y del Vicegobernador Fabián Leguizamón.
En la práctica, este proyecto no va a ser tratado hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, carece de los 2/3. Pasará a Comisiones y es muy difícil que de allí salga aprobado, aún con retoques. Con este proyecto el gobierno de compra un conflicto grande y permanente con toda la administración pública provincial, va a unir a los gremios tras un reclamo común y pone en peligro la paz social, debido al encaminamiento de reclamos, paros y movilizaciones que seguramente surgirán en los próximos días.
Por otro lado, los diputados que aprueben este proyecto “anti trabajadores” van a sufrir, seguramente, las consecuencias de los escraches como alguna vez le tocó a los diputados kirchneristas, que no podía salir del edificio de la legislatura o en el 2011 cuando escapaban por los techos. (Agencia OPI Santa Cruz)
Vidal mandó a la Cámara un proyecto de arrodillamiento ante Milei by OPISantaCruz
JAJAJA LA CPS. SE LA VA A TRANSFERIR AL SISTEMA NACIONAL.
ES LO QUE VOTARON, ESTAN CONTENTOS, NO SE QUEJEN.
Un solo presidente intento pasar el sistema previsional provincial a Nación y fue la presidiaria. Con el aval de la Campora…. de eso no hablan.
los quiere hacer bosta el ex defensor de los intereses de los trabajadores… una hipocresia total al discurso de campaña este corrupto.. ahy esta… salio a la luz.. se saco la careta este impostor..
Por mucho menos hicieron:
Un monolito en la CPS
Un acampe de jubilados
Tiraron piedras a la casa de gobierno y soretes a la residencia
Se instalaron en la casa de gobierno
Escracharon a los funcionarios
Quemaron cubiertas
Acamparon en la casa de gobierno
Hicieron paros indeterminados en todos los organismos y docentes
Marcharon con antorchas
Quemaron una parte de la cámara de diputados
Y quizás me olvide de algo, pero como los gremios un poco son amigos de Vidal y otro poco le tienen un miedo bárbaro a los malotes del sindicato que defiende a vidal van hacer cadenas de imágenes por redes, van a postear con mucha furia y van hacer videos de tik tok
Felicitaciones Eduardo Costa gobernador 2027
VLLC
Buenas opi, podrían cargar el PDF en un drive o algo que sea gratuíto de bajar, estaría genial poder leer lo que estos chantas han mandado, saludos.
Excelente analisis estoy 100% de acuerdo
Lo de la suspensión de ingresos seguramente será la misma mentira que ya hizo en su momento Peralta cuando dispuso eso y entraban militantes,amigos y parientes de él como panchos por su casa por el Ministerio de Salud
Reloj no marques las horas ….porque este gobierno nacional y provincial se acaban…..