El discurso oficial de la soberanía energética de Vaca Muerta chocó este martes contra la realidad operativa del sistema. Mediante el DNU 49/2026, el presidente Javier Milei prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida es una confesión de parte: el Gobierno reconoce que la infraestructura actual es insuficiente y que las obras de ampliación de gasoductos recién estarán operativas dentro de dos años.
Esta prórroga, fundamentada en la necesidad de garantizar el abastecimiento de gas natural, expone la fragilidad del transporte y distribución. El texto oficial admite que el país seguirá atado a la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para evitar cortes en hogares y centrales térmicas durante los inviernos de 2026 y 2027. La “revolución energética” queda, así, postergada por un cuello de botella logístico que impide llevar el fluido desde la Cuenca Neuquina hacia los centros de mayor consumo.
El riesgo de privatizar un monopolio natural
La estrategia del Ejecutivo para desprenderse de la gestión de ENARSA introduce un experimento de mercado en un área crítica. El plan consiste en licitar la importación y regasificación de GNL a un comercializador privado que operará la terminal de Escobar. Aunque el Gobierno tilda de “ineficiente” la intervención estatal previa, la normativa reconoce un peligro evidente: la existencia de una única terminal de ingreso configura un monopolio natural.
Para intentar contener los efectos de esta concentración, el DNU establece la creación de “precios máximos” para la venta de gas en el mercado interno. Estos topes, que se calcularán según marcadores internacionales y costos logísticos, buscan evitar que el futuro operador privado abuse de su posición dominante. No obstante, si el concurso competitivo fracasa, el Estado deberá volver a hacerse cargo de la billetera para pagar los barcos, evidenciando que la retirada del sector público es, por ahora, más una intención que una garantía.
El cierre de esta etapa de emergencia se proyecta recién para el último día de 2027, dejando a la próxima gestión la responsabilidad de inaugurar las obras que hoy el oficialismo no puede terminar. (Agencia OPI Santa Cruz)