Los gobernadores denominados “dialoguistas” se reúnen hoy en la Ciudad de Buenos Aires para unificar criterios frente a la reforma laboral que el oficialismo pretende aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero. El encuentro, encabezado por el salteño Gustavo Sáenz, busca blindar los intereses provinciales ante el avance de las políticas nacionales.
El eje del conflicto no es solo legislativo, sino estrictamente financiero. La tensión radica en la reducción de las alícuotas de Ganancias para empresas, que bajarían del 35% al 31,5%. Para las provincias, esto no es un simple cambio de planilla: representa una pérdida estimada de 1,2 billones de pesos en sus arcas. El déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que entra, es el fantasma que los mandatarios intentan evitar en sus distritos.
Para la Patagonia, la presencia de Rolando Figueroa (Neuquén) y el respaldo de Alberto Weretilneck (Río Negro) resulta fundamental. Los gobernadores del sur buscan que el ministro del Interior, Diego Santilli, concrete las variantes de compensación económica que el Gobierno nacional analiza para equilibrar la balanza fiscal de las jurisdicciones afectadas.
El Gobierno necesita mostrar resultados rápidos en febrero. Sin embargo, la autoridad y confianza de esta reforma dependerá de que el acuerdo no desfinancie a las provincias, garantizando la transparencia en el reparto de fondos y evitando el sensacionalismo en las negociaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)