Casi un año después de los incidentes frente al Congreso, la actual senadora Patricia Bullrich rompió el silencio sobre la grave herida que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo. La exministra de Seguridad ratificó su respaldo total al accionar de las fuerzas federales.
En una entrevista reciente, la funcionaria calificó el episodio como un accidente dentro de un plan de “extrema violencia“. Según su visión, el Estado actuó para frenar a grupos organizados que buscaban desestabilizar el orden público mediante el uso de armas y tácticas de provocación.
Bullrich explicó que el proyectil de gas lacrimógeno que hirió a Grillo rebotó en un cartel roto. “No hubo intención de pegarle a alguien“, afirmó, priorizando la legalidad de la acción estatal por sobre las consecuencias físicas sufridas por el trabajador de prensa.
Este enfoque de “orden a cualquier costo” resuena en la Patagonia, donde las protestas sociales suelen terminar en conflictos por el control de rutas o yacimientos. La senadora insistió en que las fuerzas no pueden quedarse quietas, pues su deber es proteger a la mayoría frente a la violencia.
Mientras Grillo continúa con una recuperación lenta, el debate sobre la proporcionalidad de la fuerza sigue abierto. Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso de gases y balas de goma contra civiles no puede justificarse simplemente como un “riesgo colateral” del servicio. (Agencia OPI Santa Cruz)