El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estructuró su estrategia de defensa frente a las investigaciones por el uso de fondos de origen desconocido para traslados aéreos. El funcionario encomendó su representación judicial al estudio del letrado Matías Ledesma, en el marco del expediente que audita sus vuelos privados hacia Punta del Este.
Voceros del entorno de Adorni confirmaron la designación legal. El magistrado Ariel Lijo tramita la causa en su juzgado federal y acelera las indagaciones sobre el financiamiento de estas rutas internacionales.
Con la lupa puesta en la ruta del dinero, Lijo ordenó una serie de allanamientos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Los funcionarios judiciales pretenden recolectar documentación probatoria sobre los viajes ejecutados entre Buenos Aires y Punta del Este durante el feriado de Carnaval.
Los registros de vuelo identifican al periodista Marcelo Grandio como acompañante del titular de la jefatura de ministros. Las autoridades judiciales rastrean la trazabilidad de los pagos para dilucidar quién abonó los tickets de la aeronave compartida.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutaron procedimientos la semana pasada en las instalaciones de la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A. Los agentes extrajeron material contable, documentación comercial y comprobantes bancarios vinculados a las operaciones bajo sospecha.
Los investigadores federales buscan determinar al financista de los traslados y acreditar la existencia de delitos contra la administración pública. El Código Penal tipifica las irregularidades de este tipo bajo las figuras de malversación de fondos o recepción de dádivas.
El magistrado interviniente amplió el objeto de la causa para anexar otros posibles vuelos del funcionario. Los auditores analizan exhaustivamente los registros de facturación y los movimientos económicos del entorno de Adorni asociados a la contratación de estas aeronaves.
La fiscalía incorporó nuevas pruebas instrumentales y declaraciones testimoniales al cuerpo del expediente. Estos elementos complican la situación del funcionario al evidenciar contradicciones sobre el origen de los recursos que sostuvieron la logística de sus traslados.
El avance del proceso investigativo eleva la presión sobre el gabinete nacional y expone los nexos con financistas de terceros. El juzgado centraliza sus pericias actuales en el análisis del financiamiento y los mecanismos de pago utilizados para costear las actividades de los funcionarios públicos. (Agencia OPI Santa Cruz)