(OPI TdF) – El conflicto por el Puerto de Ushuaia entra en una fase de “resistencia total”. El gobernador Gustavo Melella, junto al Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y el titular de Puertos, Roberto Murcia, cerró filas este miércoles con los gremios portuarios para unificar la estrategia frente a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La administración provincial no solo apuesta a la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Juzgado Federal de Ushuaia. En la reunión, Melella confirmó que el Estado fueguino prepara una ofensiva penal contra los funcionarios nacionales responsables de la intervención, a la que tildó nuevamente de “atropello arbitrario”.
Garantías para los trabajadores
La principal preocupación del sector sindical radica en la estabilidad laboral y la operatividad del muelle estratégico. Ante esto, el Ejecutivo fueguino fue tajante: la intervención nacional pone en riesgo la reinversión local. “Cada peso que genera el puerto se reinvierte aquí”, subrayó el mandatario, contrastando la gestión provincial con lo que consideran una intención de Nación de convertir al puerto en una “caja” de recursos centralizados.
La vía administrativa y penal
La estrategia detallada por Fossatto y Murcia ante los representantes de los trabajadores incluye:
- Demanda de Inconstitucionalidad: Para anular de raíz la resolución de la ANPyN.
- Acciones Administrativas: Para bloquear el traspaso de fondos a cuentas nacionales.
- Denuncias Penales: Contra los interventores por presunto abuso de autoridad y vulneración de la autonomía provincial.
Este frente de unidad busca demostrar que el conflicto no es solo una disputa de cúpulas políticas, sino que afecta directamente el patrimonio económico y la soberanía de Tierra del Fuego. Con los gremios en alerta, la presión sobre el Juzgado Federal para que dicte una cautelar es máxima. (Agencia OPI Tierra del Fuego)