El sindicalismo de peso empezó a mover sus piezas frente a lo que consideran una embestida ideológica más que técnica. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y pieza clave en la CGT, rompió el silencio para advertir que la reforma laboral del Ejecutivo simplemente no sirve para las necesidades del país.
Sucede que el dirigente ve en el proyecto una intención oculta de desarticular el modelo gremial argentino. La verdad es que el texto oficial ignora la transición hacia la formalidad, en un escenario donde el 46% de los asalariados sobrevive fuera del sistema.
El punto de fricción más agudo reside en la parálisis de la infraestructura. Martínez recordó que la decisión inédita de frenar la obra pública, ejecutada por Javier Milei, ya se cobró 60.000 puestos de trabajo en una primera etapa, dejando un tendal de familias sin ingresos en todo el territorio.
La mirada del jefe de los constructores apunta a la política exterior del mandatario. El punto es que vincula el contenido de la ley con el perfil de “rockstar” del Presidente y su alineación con figuras como Donald Trump, priorizando mensajes simbólicos por encima de soluciones prácticas para el empleo genuino.
A pesar del malestar, la CGT mantiene los canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada. La verdad es que los sindicatos entienden que nadie resuelve los problemas estructurales en soledad, aunque consideran que los derechos colectivos representan un límite innegociable frente al avance de Federico Sturzenegger.
Sucede que el famoso Consejo de Mayo funcionó hasta ahora como una usina de consignas y disparadores sin contenido jurídico concreto. Según el dirigente, en esas reuniones nunca se discutió un proyecto de ley real, sino apenas las ideas abstractas que el oficialismo pretende imponer.
La preocupación central radica en la pérdida de beneficios conquistados. El avance tecnológico y los cambios productivos exigen una evolución, pero el sindicalismo advierte que la modernización no debe ser sinónimo de desamparo frente a la arbitrariedad del mercado.
El escenario para el Gobierno se presenta complejo en el mediano plazo. La falta de un plan claro para convertir la informalidad en empleo digno, sumada al tinte antisindical que denuncian los gremios, anticipa un conflicto de fondo que va mucho más allá de una simple discusión parlamentaria. (Agencia OPI Santa Cruz)