(Ushuaia – OPI TdF) – El organismo financiero calificó de “política industrial fallida” a la promoción económica local. Las autoridades internacionales denuncian la falta de valor agregado y el alto costo estatal, mientras los empresarios defienden el arraigo poblacional y la soberanía.
El Banco Mundial destrozó el subrégimen industrial de Tierra del Fuego este miércoles. A través del informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe“, la entidad internacional calificó el esquema local como una política industrial completamente fracasada. Los especialistas apuntan contra los más de 50 años de asistencia estatal ininterrumpida y denuncian un costo anual de US$ 1.070 millones para la Argentina.
El andamiaje impositivo original nació en el año 1972. La administración del Presidente de la Nación, Javier Milei, modificó esta normativa a principios de 2025. El ente multinacional cuestiono el modelo actual, ya que acumula interferencias políticas constantes y arrastra errores de diseño básicos desde su concepción.
Ajay Banga, líder del Banco Mundial, oficializó la presentación del documento. El texto expone el apoyo ilimitado del Estado a las fábricas radicadas en el sur del país. La falta de cláusulas de caducidad y la ausencia de un cronograma de retiro de beneficios proporcionan incentivos perversos para la economía, según advierte el reporte.
La normativa original buscó aprovechar la ubicación del archipiélago y estimular el crecimiento demográfico mediante exenciones de impuestos. El Banco Mundial reconoce este objetivo fundacional en su escrito. Los analistas afirman que este amplio paquete comercial derivó en altos costos fiscales para el país, sin arrojar mejores resultados productivos.
El organismo crediticio remarcó la pésima estructura de los incentivos provinciales. El reporte oficial estima un gasto estatal de US$ 1.070 millones anuales. Las fábricas locales absorben estos fondos millonarios sin aportar mejoras tecnológicas o incrementos de productividad significativos.
El Gobierno nacional extendió los beneficios impositivos corporativos hasta el año 2038. La entidad multinacional cuestionó esta prórroga a largo plazo. Los auditores aseguraron que el Poder Ejecutivo omitió fijar condiciones claras y descartó cualquier tipo de plan de transición.
Las exenciones arancelarias otorgan a las plantas de la isla una inmensa ventaja de costos frente a los fabricantes del continente. La aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) busca compensar la creación de valor en Tierra del Fuego. Los redactores del informe sostienen que esto anula la innovación, ya que las empresas locales no generan valor agregado real en sus procesos.
Las ensambladoras importan enormes volúmenes de insumos extranjeros libres de derechos aduaneros. Estas mismas firmas revenden los artículos al continente a precios superiores. Simultáneamente, los directivos reclaman las deducciones impositivas correspondientes a la promoción industrial.
Este mecanismo económico induce distorsiones severas en el mercado interno y afianza una carga fiscal cada vez mayor. El Banco Mundial subraya que las empresas mantienen su rentabilidad exclusivamente gracias a las inmensas transferencias fiscales. La dependencia de los aportes del Gobierno consolida un costo económico perjudicial a largo plazo.
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) reaccionó rápidamente a los datos del informe. Representantes de la cámara empresaria exigieron incorporar el factor geopolítico al debate técnico. Los industriales aseguran que el sector privado emplea a la mayor cantidad de trabajadores en la jurisdicción provincial.
Las empresas asociadas a Afarte afirman liderar el aporte de impuestos directos a las arcas de la provincia. El grupo corporativo destaca la creación de un ecosistema económico local irremplazable a corto plazo. La ciudad de Río Grande concentra la mayor porción de la actividad de este polo fabril.
La falta de una economía fuerte provocaría un éxodo poblacional masivo, según anticipan desde el sector productivo. Las fábricas atrajeron a habitantes de todo el país hacia estas tierras inhóspitas. Los ejecutivos comparan el esquema fueguino con las políticas de retención demográfica que aplican territorios como Alaska y Groenlandia.
Los referentes del ensamblaje electrónico rechazaron la calificación sobre los US$ 1.070 millones. El sector define a esta cifra como un dato puramente contrafáctico. Los directivos explican que el cálculo del Banco Mundial solo estima el volumen de dinero que el fisco nacional recaudaría al eliminar las exenciones vigentes.
La estimación internacional omite el pago efectivo de aportes patronales, ingresos brutos y tasas operativas que sostienen la burocracia estatal. La cámara fabril sostiene que la eliminación de la Ley 19.640 destruiría la actividad comercial por completo. La recaudación impositiva real caería abruptamente frente al cierre masivo de plantas productivas, según analizan desde el empresariado.
El bloque privado argumenta que el subrégimen garantiza el movimiento financiero provincial y resguarda la soberanía nacional. El cruce contable expone las fallas sistémicas que advierte la auditoría internacional frente al escudo defensivo de las empresas radicadas en la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)