La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó efecto suspensivo al reclamo oficial. El máximo tribunal del país asume ahora el control del expediente que define las partidas presupuestarias.
El Ministerio de Capital Humano bloqueó temporalmente la orden judicial que obligaba al Estado a destinar partidas presupuestarias extra a las universidades. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió hoy un recurso extraordinario federal con efecto suspensivo al Gobierno nacional. La medida frena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los magistrados de la Sala III habilitaron el recurso de la Casa Rosada contra la sentencia dictada el pasado 31 de marzo. El litigio tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” y lleva el número de identificación CAF 039475/2025.
Esta nueva resolución judicial congela cualquier transferencia de fondos amparada en la cautelar previa hacia las casas de estudio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación concentra ahora la potestad exclusiva de emitir un fallo definitivo sobre el reclamo que impulsan los rectores.
El origen del conflicto financiero remite al Decreto N° 759/25, instrumento que el Ejecutivo utilizó para promulgar la Ley N° 27.775. Ese texto gubernamental paralizó la ejecución de las partidas hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Las autoridades nacionales justifican la retención de los fondos argumentando que su envío inmediato “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
La administración central difundió un documento oficial tras conseguir la victoria temporal en tribunales. El texto ratifica “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender“, y ata estrictamente ese objetivo a la sostenibilidad de las cuentas públicas y a la asignación eficiente de los recursos del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)