¿Qué esconde SPSE?. El pacto de confidencialidad que obliga a los empleados a tapar los sospechosos manejos internos de la empresa

(Por: Rubén Lasagno) Informe II – La presidencia y el Directorio de la empresa de energía de la provincia (Servicios Públicos Sociedad del Estad) SPSE ha iniciado desde el 2025 una campaña de silenciamiento interno del organismo, tendiente a forzar a todos los empleados a silenciar datos, acontecimientos, normativas, resoluciones, órdenes internas, procedimientos, contratos, licitaciones, manejo administrativo y de fondos, etc.

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A pesar de los esfuerzos por acallar a las fuentes internas de la empresa que producen información muy importante para conocer al detalle lo que ocurre dentro de SPSE, los sectores internos, descontentos con los manejos poco claros que existen y especialmente a partir de la modificación del Reglamento interno, del cual OPI expuso parte de los cambios a la mecánica de contratación y manejo de fondos, la dirigencia política de la empresa formuló en el 2025 un “compromiso de confidencialidad” que en estos momentos tiene una aplicación vigente en todo el ámbito de SPSE y fue emitido a cada distrito para ser firmado por todo el personal sin excepción.

OPI Santa Cruz ha podido acceder al documento emitido por la Gerencia Provincial de Recursos Humanos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y el mismo establece la prohibición “estricta” de usar teléfonos celulares, cámaras o cualquier dispositivo electrónico para fotografiar, grabar, copiar o compartir información durante la jornada laboral dentro del ámbito de SPSE.

Oficialmente la confidencialidad que establece el documento obliga al silencio sobre “procesos internos”, datos de trabajadores y cualquier antecedente sensible. El empleado no puede hablar de estos temas ni siquiera con personas internas a la organización que sean ajenas a su función y mucho menos con terceros externos.

De acuerdo a lo que expresa el documento, se establece la obligación a los empleados de no revelar información, lo cual subsiste incluso después de finalizada la relación laboral (cese o distracto) y el texto advierte explícitamente sobre la aplicación de medidas disciplinarias severas y deja abierta la puerta a acciones civiles y penales por daños a la empresa ante cualquier incumplimiento y justifican la medida amparándose en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 24.766 (Confidencialidad) y la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales).

El objeto

Desde lo estrictamente formal y jurídico, el objetivo del texto es crear un marco de resguardo legal para la empresa sobre la información que manipula. Al citar leyes nacionales de protección de datos y confidencialidad comercial, SPSE busca blindar administrativa y legalmente el manejo de sus bases de datos, expedientes y procedimientos internos.

Tal se desprende de su lectura, el objetivo manifiesto es alinear a los empleados con el deber de reserva que estipula la Ley de Contrato de Trabajo, protegiendo los datos personales de usuarios y empleados “y evitando el uso indebido de recursos de la empresa para fines personales”.

El propósito de fondo

Tratándose de una Sociedad del Estado, cuyo capital y financiamiento provienen del erario público, la imposición de un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo tiene lecturas que exceden lo administrativo y apuntan al control de la información institucional:

Por ejemplo, la prohibición específica de “fotografiar” o “grabar” con celulares es una medida directa (clásica “cláusula anti-filtración”) para evitar que documentos comprometedores (como licitaciones, sobreprecios, recibos de sueldo, contratos irregulares o resoluciones polémicas) lleguen a manos de la prensa, la oposición política o la justicia, es un cepo informativo que intenta bloquear las filtraciones.

Al advertir el escrito, sobre denuncias penales y civiles, además del despido, internamente se genera un clima de temor. El propósito es que cualquier empleado que detecte una irregularidad en los procesos internos, lo piense dos veces antes de exponerla, por miedo a represalias económicas y legales. Esto funciona claramente con efecto disuasorio y de amedrentamiento.

Asimismo cuando el documento prohíbe compartir información incluso con “personas ajenas a su función ya sean internas“, sus autores buscan compartimentar la información dentro de la empresa. Esto evita que los propios trabajadores crucen datos y se democraticen reclamos internos o se evidencien manejos discrecionales por parte de la gerencia; es puramente lo que se conoce como el control del relato interno.

SPSE es una empresa estatal y sus actos deberían regirse por el principio de publicidad y transparencia republicana. Al aplicar herramientas de “secreto comercial” (Ley 24.766, pensada para que un empleado de Coca-Cola no revele la fórmula o un desarrollador tecnológico no robe patentes), la empresa de servicios públicos invierte la carga de la transparencia y trata la gestión de fondos y procesos estatales como si fueran secretos corporativos privados, blindando la gestión gubernamental del escrutinio público.

Desde el punto de vista legal y dada su condición de empresa de servicio estatal/provincial, el personal de SPSE afectado debería presentar un Amparo o trabar y/o pedir la desestimación de esta cláusula de confidencialidad por inconstitucional e improcedentes, debido al carácter público que tiene SPSE, precisamente.

Un claro proceder anticonstitucional

No hay dudas que el cepo informativo creado en Servicios Públicos parte de un insólito “pacto de silencio” creado por la Presidencia y el Directorio para acallar los trabajadores bajo amenaza de despido. Existe un claro “apriete institucional” que se refleja en la prohibición de uso de dispositivos de grabación y telefonía, con el solo objetivo de cazar eventuales informantes internos.

Lo que están diciendo los directivos de la empresa de energía es “Prohibido mirar y contar” y el apriete de la oficina de Recursos Humanos es objetivamente para blindar la información interna de la empresa en todos sus aspectos.

La opacidad interna y los fondos públicos

Hay suficientes alertas en esta medida de “super reserva” creada por la dirigencia de SPSE para cuestionar con suficiente duda por qué una Sociedad del Estado maneja la información pública como si fuera una corporación privada con secretos que ocultar?.

Entonces volviendo al título que le impuse a este informe me pregunto ¿Qué esconde SPSE, por cuanto obliga a los empleados a guardar silencio sobre los manejos internos?, extiendo esa duda y también me pregunto:

¿Existe algún secreto de Estado que obligue a SPSE blindarse para ocultar procesos de búsqueda de datos, información que “deba permanecer fuera del radar” de conocimiento público y el periodismo?

¿Existe un miedo a la transparencia y por eso SPSE impone un silencio absoluto para que el acontecer, dentro de la empresa no llegue a la prensa? ¿O es la empresa de energía de la provincia una “caja negra” suficientemente importante, al punto que sea necesario un compromiso formal de confidencialidad con cada empleado para impedirles hablar de lo que pasa allí adentro?

El absurdo legal

Sin duda mi nota de análisis tiene como objeto central el de desarmar el argumento jurídico del documento y exponer su verdadera intención. SPSE está privatizando la censura y usa leyes de “secreto comercial” para evitar que el periodismo investigue el manejo de la cosa pública; a su vez maneja fondos públicos y obliga a sus empleados a firmar que no revelarán sus “secretos” lo que me lleva a concluir que el verdadero objetivo que expone la gerencia es el de forzar un “blindaje-anti prensa” para impedir las filtraciones internas que erosionan la estrategia fundamental de mantener un nicho de secretismo para manejar autónomamente la corrupción estatal lejos de las miradas indiscretas.

Lamentablemente para el Presidente y el Directorio, en OPI poseemos toda la documentación necesaria para revelar estos negociados disfrazados de presunta transparencia, como ha quedado expresado en el nuevo Reglamento Interno que tenemos en nuestro poder y podemos contrastarlo con el anterior, para determinar por análisis comparativo, cuáles son esos “cambios” y el verdadero objetivo que permanece oculto.

Luz y Fuerza, sin luz y con poca fuerza

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, ni sus dirigentes Juan Domingo Espinoza o Héctor González, han expresado su rechazo al compromiso de confidencialidad que la gerencia de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) le está exigiendo a los trabajadores.

Ante la falta de acción gremial frente a un documento que restringe severamente las libertades laborales y que impone amenazas de sanciones civiles y penales como éstas que expongo aquí, el silencio puede explicarse analizando el contexto actual de las relaciones entre el sindicato, la empresa y el gobierno provincial.

La inacción sindical respecto a este “cepo informativo” responde a una convergencia de intereses políticos, económicos e institucionales que he denunciado previamente pero que sintetizo aquí en cuatro aspectos fundamentales de este procedimiento de complicidad implementado en SPSE.

Cancelación de deudas millonarias (Paz comprada). A principios de 2026, SPSE procedió a pagarle una cuantiosa deuda al Sindicato de Luz y Fuerza. Cuando un gremio logra destrabar el pago de fondos retenidos o deudas históricas por parte de la patronal, suele establecerse un pacto de no agresión táctico. El sindicato evita confrontar a la gerencia por cuestiones “administrativas” (como el acuerdo de confidencialidad) para garantizar el flujo de esos acuerdos económicos con la presidencia.

Estrecha alianza política con el Gobierno. La cúpula de Luz y Fuerza, encabezada por González y Espinoza, ha mostrado públicamente una alineación total con la administración de Claudio Vidal y la presidencia de SPSE a cargo de Matías Cortijo. 

El propio gobernador ha declarado que mantienen una relación “muy fluida en todos los aspectos: en lo social, en lo laboral y también en lo político”. Impugnar un documento impulsado por Recursos Humanos significaría quebrar esa armonía y generar un conflicto político que hoy el gremio no desea tener.

Negociaciones sobre el futuro de SPSE (“Semi-privatización”). Existen fuertes señalamientos de que los recientes movimientos administrativos en SPSE apuntan a preparar el terreno para una eventual “semi-privatización” del organismo.

En contextos de reestructuración profunda, Luz y Fuerza centraliza sus esfuerzos en negociar su propia supervivencia, la retención de afiliados y sus cuotas de poder dentro de la nueva estructura, dejando desprotegido al empleado de base frente a normativas internas abusivas, como queda claramente evidenciado en el mutismo que copa al gremio interno de SPSE ante tamaña afrenta las libertades laborales.

Conveniencia compartida (Control de daños mutuo). A Luz y Fuerza tampoco le resulta conveniente la transparencia total y absoluta de lo que ocurre dentro de la empresa. Si el sindicato está negociando pactos, negocios compartidos, pagos o reubicaciones directamente con la gerencia, un empleado con un teléfono celular documentando expedientes o resoluciones representa una amenaza de filtración tanto para la empresa como para los propios dirigentes gremiales. Entonces, el silencio ante el “pacto de confidencialidad” sugiere que el gremio está cómodo con un escenario donde la información se controla desde arriba.

Conclusión

La imposición de este “Compromiso de Confidencialidad” bajo explícitas amenazas de sanciones penales y civiles en el ámbito de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) trasciende la mera protección de datos personales para configurarse como un cepo informativo premeditado e ilegal.

A mi criterio se trata, en la práctica, de la institucionalización del secreto sobre los actos de administración que no debiera ser permitida ni aceptada por el personal y mucho menos por el o los sindicatos que los representen.

Al aplicar normativas de confidencialidad comercial y corporativa a una entidad sostenida por el erario público, la gerencia invierte la carga de la transparencia republicana, intentando transformar a la empresa estatal en una caja negra blindada y vedada al control ciudadano.

En este tablero, el mutismo absoluto del Sindicato de Luz y Fuerza no es una simple omisión o un descuido, sino, un aval tácito. La inacción gremial frente a un documento que coarta las libertades elementales del trabajador y lo somete a un clima de persecución interna, expone una matriz transaccional. Queda en evidencia que la defensa del empleado de base ha sido subordinada a los acuerdos políticos de la cúpula sindical con la administración provincial y a los arreglos financieros por deudas millonarias.

Cuando un gremio garantiza la “paz social” a cambio de concesiones económicas o retención de poder en esquemas de reestructuración, el pacto de silencio beneficia a ambas partes de la cúpula a expensas del trabajador.

En definitiva, la redacción de este documento tiene un objetivo último que no figura en su texto: asfixiar las fuentes del periodismo de investigación y que no salgan a la luz los miserables pactos internos de la dirigencia tanto empresarial como sindical. Esto es, sencillamente, ocultar a la opinión pública los aspectos oscuros de la administración de una empresa estatal que alguien la está usando de coto de caza.

La clara intencionalidad de ocultar la brecha discursiva queda de manifiesto cuando intentan bloquear cualquier evidencia empírica que permita contrastar el discurso político oficial de la gestión con la realidad fáctica y los números de la empresa.

Ante un escenario donde el Estado clausura el acceso a la información y el sindicalismo actúa como garante de esa opacidad, la auditoría sobre la administración de los recursos provinciales y la ruptura de este blindaje institucional quedan, de manera indelegable, como una responsabilidad exclusiva de la prensa independiente que no responde a sectores políticos en pugna ni a intereses económicos. Y para eso trabajamos todos los días desde nuestro humilde lugar de la comunicación en OPI Santa Cruz.

En próximo informe N° III más detalles comparativos del nuevo Reglamento interno de SPSE y la complicidad sindical de su cúpula dirigencia. (Agencia OPI Santa Cruz)