(OPI TdF) – La reactivación de la Cuenca Malvinas Norte por parte de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abrió tres frentes de conflicto en el extremo sur: una causa judicial por daño ambiental colectivo en Río Grande, denuncias bursátiles ante el regulador de Israel y el intento de articular un puente logístico desde Punta Arenas.
El avance de las corporaciones británicas e israelíes para iniciar la perforación extractiva en el yacimiento Sea Lion hacia 2027 ha desencadenado una serie de acciones institucionales, judiciales y diplomáticas coordinadas desde el territorio fueguino. Las investigaciones y coberturas de OPI Tierra del Fuego dan cuenta de una estrategia integral orientada a frenar el emprendimiento en los estrados judiciales, impugnar su financiamiento en los mercados de capitales extranjeros y neutralizar sus redes de abastecimiento logístico regional.
El frente judicial más reciente se formalizó en los primeros días de septiembre de 2026 con la presentación de una acción judicial preventiva de daño ambiental colectivo, según reveló Veteranos demandan proyecto petrolero en Malvinas.
La demanda fue radicada de manera conjunta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas, recayendo en el Juzgado Federal de Río Grande bajo la tutela de la jueza Mariel Borruto y la intervención del fiscal federal Marcelo A. Rapoport (Fiscalía N° 134, Secretaría Civil y Comercial 3, expediente FCR 13706/2026).
El recurso exige una medida cautelar de no innovar para paralizar de forma inmediata cualquier actividad de diseño, transporte, instalación y operación comercial vinculada a Rockhopper Exploration y operadoras asociadas. Los letrados patrocinantes —entre ellos Enrique Viale, Lucas Micheoud y Jerónimo Guerrero Iraola— fundamentaron la presentación en la total ausencia de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) evaluados y aprobados por la autoridad de aplicación de la República Argentina, sumado al respaldo institucional obtenido tras reuniones operativas en la intendencia de Ushuaia con las áreas de Asuntos Malvinas y Articulación Política local.
En el plano operativo, las operadoras petroleras buscan garantizar el soporte que les permita sortear el aislamiento geográfico de las islas. De acuerdo con el informe exclusivo Naviera chilena busca abastecer proyecto petrolero en Islas Malvinas, la empresa privada chilena Easter Island Naviera entabló negociaciones directas con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) para implementar un servicio de flete marítimo mensual desde el puerto de Punta Arenas.
Las tratativas de la firma naviera con directivos británicos —encabezados por Zachary Franklin y Sam Cockwell— apuntaron al traslado regular de insumos industriales y energéticos necesarios para sostener el plan de inversión inicial de US$ 1.800 millones orientado a la extracción inicial de 170 millones de barriles. Este corredor austral generó alertas diplomáticas debido a la transgresión de los acuerdos regionales que restringen el apoyo logístico comercial a operaciones extractivas unilaterales en áreas en litigio reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas.
La ofensiva institucional previa tuvo lugar en los mercados financieros internacionales. Como consignó TDF denunció a Navitas en Israel por el proyecto Sea Lion, el Gobierno de Tierra del Fuego denunció formalmente a Navitas Petroleum Limited Partnership ante la Autoridad de Valores de Israel (Israel Securities Authority – ISA).
La presentación impulsada por la Secretaría de Malvinas y Relaciones Internacionales provincial, a cargo de Andrés Dachary, acusó a la firma de ocultar y distorsionar ante sus inversores los riesgos jurídicos, regulatorios y penales que implica operar sin concesión del Estado argentino. La denuncia remarcó que la petrolera omitió informar en sus balances las sanciones administrativas y penales vigentes bajo la legislación argentina, así como las advertencias oficiales por la violación de las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que prohíben innovar unilateralmente en la zona económica disputada.
Conclusión y escenario
El entramado documentado por OPI Tierra del Fuego refleja que la disputa por los recursos de la Cuenca Malvinas Norte excede el reclamo retórico: mientras las corporaciones privadas proyectan perforaciones comerciales y buscan puntos de abastecimiento en el Cono Sur, la respuesta desde la provincia de Tierra del Fuego apunta a cortar el financiamiento de los mercados internacionales, bloquear el auxilio logístico en puertos vecinos y someter a las compañías a responsabilidades penales y ambientales ante la justicia federal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)